Ecuador consideró este viernes «parcial» y «poco objetivo» un reciente informe de la CIDH sobre lo acontecido en las protestas registradas en octubre en el país y que apuntaba que la fuerza pública incurrió en un «uso excesivo de la fuerza».
«El comunicado es parcial y poco objetivo ya que objeta la acción del Estado por hechos aislados acaecidos en octubre de 2019, que aún se hallan en investigación», dice un comunicado difundido hoy por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador.
El documento sale a la luz diez días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentara las conclusiones que hicieron observadores del organismo, que visitaron el país a finales de octubre a solicitud del Gobierno ecuatoriano.
Entre el 3 y el 13 de octubre de 2019 se produjo una oleada de manifestaciones a raíz de un decreto presidencial que eliminaba el subsidio a las gasolinas y que tuvo que ser derogado por el Ejecutivo en aras de pacificar la situación.
El texto de la Cancillería remarca que «la fuerza pública no usó armas de fuego por disposición de sus superiores», sino medios antidisturbios para sofocar las manifestaciones en línea con los protocolos nacionales e internacionales.
Al igual que lo hiciera la semana pasada el propio canciller José Valencia en declaraciones a los medios, el comunicado insiste en que el informe de la CIDH «minimiza la responsabilidad de actores y grupos organizados por el severo contexto de violencia que afectó a millones de ecuatorianos».
En su informe, que recoge once recomendaciones a las autoridades ecuatorianas, la CIDH afirma haber «tomado nota de que, en determinadas circunstancias, grupos de personas que se manifestaban provocaron graves desmanes durante algunas protestas, arrojando piedras y objetos contundentes contra la Policía, protagonizando saqueos, incendios, y otros tipos de agresiones, inclusive, contra la prensa».
Ecuador señala que conforme al derecho internacional y ecuatoriano, ese tipo de actuaciones «jamás se pueden calificar de manifestación pacífica».
Por otro lado, recuerda que la Corte Constitucional ecuatoriana avaló la declaración del estado de excepción emitida por el presidente Lenín Moreno, «reconociendo que la gravedad del desorden público justificaba que el Gobierno, para cumplir con su obligación de protege los derechos de la ciudadanía, contara con los medios legales» que otorga la medida.
El escrito oficial censura el hecho de que la CIDH hace mención a determinados testimonios sobre los sucesos ocurridos en octubre a los que «les da el carácter de ‘cosa juzgada».
Y en ese sentido, afirma que se pronunció «de modo precipitado», haciendo caso omiso al principio de «subsidiariedad» por el que los sistemas judiciales de cada país integrante del mecanismo interamericano tienen la competencia primordial de juzgar los hechos en primera instancia.
Por último Ecuador lanza un inquietante mensaje al órgano autónomo y principal de la OEA, al considerar necesario «impulsar un diálogo que permita mejorar la relación entre la Comisión y los Estados, con el objeto de revisar sus procedimientos a futuro».
La CIDH recopiló el testimonio de 380 personas que aseguraron haber sido víctimas de violaciones de derechos humanos o de otros abusos durante las protestas sociales capitalizadas por el liderazgo indígena, que se tornaron en las más virulentas registradas en la historia reciente del país.
En el contexto de las manifestaciones murieron una decena de personas y más de 1.500 resultaron heridas, de ellas 435 miembros de las fuerzas de seguridad. EFE
