El caso de la adolescente ecuatoriana Paola Guzmán Albarracín, que se suicidó en 2002 tras ser violada repetidamente por el vicerrector de su colegio, llegará este martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el Estado ecuatoriano como parte demandada.
El expediente ha sido impulsado por la ONG internacional Centro de Derechos Reproductivos y su subsidiaria local «Centro Ecuatoriano para la Acción y Promoción de la Mujer (CEPAM)», que mañana expondrán sus argumentos contra Ecuador por su responsabilidad en la violación y muerte de Guzmán, así como por la impunidad en este caso.
La adolescente se suicidó a los 16 años a causa de una intoxicación voluntaria con fósforo blanco en respuesta al abuso sexual del que fue objeto por parte del vicerrector del centro escolar en el que estudiaba en Guayaquil, el colegio Martínez Serrano, y que tenía más de 60 años.
«Es el primer caso que llega a la Corte Interamericana que aborda la problemática del acoso y abuso sexual en instituciones educativas, un problema estructural sistemático en la región, y por eso es tan importante», dijo Catalina Martínez Coral, directora regional para América Latina y el Caribe de la ONG internacional.
Y agregó que este caso «va a permitir a la Corte pronunciarse sobre estas formas violencia que están tan presentes e invisibilizadas en la región latinoamericana».
Guzmán fue víctima de los abusos del educador durante dos años, desde los catorce a los dieciséis, según la ONG, a cambio de tutorías educativas.
En cierto momento la adolescente quedó embarazada y éste le exigió que abortase, para lo cual la llevó ante el médico del centro escolar, quien también se aprovechó de ella y le demandó favores sexuales a cambio del tratamiento.
«Se trata de una niña adolescente completamente vulnerada, quien además no sabía cómo operaba el mecanismo del abuso. No sabía que era víctima del mismo, y en el colegio era de público conocimiento y empezó a ser culpada por los funcionarios por esta ‘relación’ que estaba sucediendo», abundó Martínez.
Según la demanda presentada contra el Estado ecuatoriano, la adolescente fue culpada por el entorno social del colegio y en su «sentimiento de culpabilidad y sufrimiento severo» decidió quitarse la vida.
Es más, señala la activista, la adolescente llegó al colegio intoxicada y el equipo docente le negó asistencia médica y la instó a «rezar» por su alma.
El caso, asegura Martínez, fue tratado «de la peor manera posible a nivel de la justicia ecuatoriana y de la opinión pública», y descrito en su momento «como una relación amorosa en la que la niña sedujo a un hombre mucho mayor que ella».
El suceso llegó a la Corte Interamericana, con sede en San José, por primera vez en 2006, pero sólo en 2015 se celebró la primera audiencia del caso porque mientras tanto hubo tratativas con el Estado para resolver el asunto «de forma amistosa».
Ahora, tras esfuerzos infructuosos, las partes expondrán su postura y exigirán en la audiencia de este martes que el Estado ecuatoriano se disculpe, restaure la «dignidad y honra» de la menor, y que «se reconozca que esta adolescente no fue quien sedujo a un vicerrector de 60 años».
«Era una institución pública», indica Martínez sobre la responsabilidad del Estado, a quien también acusan de que su sistema judicial «no diera respuesta» al caso.
La ONG representa a la madre Petita Albarracín, y a su hermana, quienes además exigen una reparación económica, medidas de rehabilitación social y psicológica, y que el Estado «reconozca lo que pasó», con el fin de que estos casos «no vuelvan a repetirse».
«Es muy importante para abordar esta problemática el hacer un análisis sobre el mecanismo consentimiento y entender como está viciado» todo el engranaje educativo, concluyó Martínez.
Los resultados de una encuesta en Ecuador sobre relaciones familiares y violencia de género indican que el 32,7 por ciento de todas las mujeres en el país andino han sufrido violencia sexual al menos una vez en sus vidas, indica un comunicado de CEPAM.
Además, según UNICEF, 1,1 millones de adolescentes en América Latina entre 15 y 19 años han sufrido violencia sexual, y 3 de cada 10 estudiantes entre 13 y 15 años han sufrido acoso sexual en un entorno escolar. EFE
