Las últimas denuncias realizadas en Guayaquil sobre el sistema público de salud son un eslabón más en una larga cadena de hechos que lamentablemente no tienen una respuesta adecuada, ni del régimen ni de la administración de justicia. Durante la semana pasada una denuncia hecha a través de los medios de comunicación condujo a una intervención drástica y oportuna del Gobernador de Guayas y del Presidente del Consejo Directivo del IESS. Bodegas desabastecidas, en unos casos, presencia de sobreprecios en adquisición de medicamentos, en otros, son casos reiterados que se presentan mientras la ciudadanía es la eterna perjudicada.
El juicio político a la ex ministra Espinoza terminó en su censura por parte de la Asamblea Legislativa. Parte importante de la denuncia documentada que se presentó fue sobre una amplia red de corrupción al más alto nivel burocrático del Ministerio. Contra toda lógica el gobierno nombró en sustitución de la Ministra censurada a una persona que había sido parte importante del equipo de la ex secretaria de estado. Los denunciantes aseguraron que, con eso, la red permanecería casi intacta y lo que es peor sin posibilidad de rectificaciones y sanciones. Los hechos últimos parecerían estar confirmando que esas redes de corrupción especialmente en la adquisición de medicamentos, permanece activa.
En el último caso de denuncias de corrupción en un hospital del IESS en la ciudad de Guayaquil hubo una intervención oportuna y ágil tanto del Gobernador de la provincia cuanto del Presidente del Consejo Directivo del Seguro. El resultado fue la cancelación de algunos funcionarios y el reconocimiento por parte del Vicepresidente de la república de que el régimen conoce y está preocupado por la corrupción en el área de salud pública y especialmente en el sistema de adquisición de medicamentos. Lo que fue una percepción ciudadana hoy es una evidencia. El gobierno tiene la responsabilidad de actuar rápidamente al igual que la administración de justicia.
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