Se ha dicho últimamente que en el Ecuador solamente tres de cada diez mujeres tienen un empleo adecuado. En el caso de mujeres jóvenes, se habla de que únicamente dos de cada diez, tienen acceso a un empleo regular y estable. Junto con los datos que se conoce sobre el tema del empleo en general, muestra una triste realidad que demanda urgentemente ser cambiada. Es responsabilidad del Estado- a través del poder ejecutivo y del legislativo -buscar los caminos para superar este tipo de discriminación que es mucho más grave de lo que puede pensarse, pues tiene que ver con un derecho fundamental de las mujeres.
Hay complementariamente estudios que muestran en forma irrefutable que hay otras realidades lacerantes que agravan a la anterior. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres en el sector privado reciben -en términos generales-una remuneración más baja que los hombres por un mismo trabajo. Adicionalmente el acceso de mujeres a funciones directivas tanto en el sector público como en el privado, si bien ha tenido avances, es todavía restringido. Lamentablemente poco se dice y se hace sobre estos temas. A veces los mismos movimientos de defensa de las mujeres prefieren enfocar sus prioridades en otros aspectos, antes que en estas realidades que marcan una fuerte injusticia.
Durante los últimos años en varios países se han dado importantes avances en el campo de reconocer los derechos que tienen las mujeres. El derecho al trabajo y particularmente el derecho a la igualdad de oportunidades, ha sido sin embargo dejado frecuentemente de lado. Por otra parte, hay un número creciente de mujeres que son autosuficientes para mantener a sus familias lo que debería ser una razón más para reconocer los derechos que tienen. Todas estas son realidades que deberían mover al estado, dentro de él al poder ejecutivo y legislativo, para una nueva legislación que ponga fin a estas formas de discriminación.
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