Como el juicio más importante de las dos primeras décadas del siglo XXI puede ser calificado el que se abrirá el 10 de febrero, por parte de un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, en contra del expresidente Correa y de otros altos funcionarios del correísmo, dentro del caso denominado “Sobornos 2012-2016”. Un juicio cuyo desenlace tendrá trascendentales implicaciones políticas para el futuro político del país
Los casos de corrupción que involucrarían a diversas figuras del Gobierno anterior, hasta ahora no habían salpicado a la figura de Correa; sin embargo, la investigación y denuncia de los periodistas Villavicencio y Zurita en el caso denominado “arroz verde”, y que daría cuenta de aportes ilegales a las campañas electorales de Alianza País, terminaría involucrándolo.
Judicialmente el tema es complicado para el expresidente puesto que, al enjuiciárselo bajo la acusación de cohecho, el juicio se le hace en ausencia y, en caso de comprobarse su culpabilidad, la sentencia es imprescriptible; una situación que no sólo alejaría la posibilidad de su regreso a Ecuador, sino la posibilidad de ser candidato a alguna dignidad en el futuro.
En su defensa Correa y sus partidarios, nuevamente, han recurrido a la estrategia de la victimización y han hablado de persecución política. Si bien a los sectores políticos anti correístas y al Gobierno de Moreno les conviene acabar políticamente con Correa y debilitar electoralmente al correísmo, sobre todo cuando diversas encuestas muestran que este sigue con una alta preferencia electoral; empero, resultará muy difícil para Correa y los otros acusados demostrar que los aportes subrepticios realizados para sus campañas electorales, por parte de empresas contratistas con el Estado, eran contribuciones desinteresadas y voluntarias.
Por otro lado, los órganos de Justicia, que incluyen a Fiscalía y Jueces, tienen que mostrar que su actuación es efectivamente objetiva e independiente de cualquier presión política; un asunto sobre el cual todavía hay dudas, pues otros casos de corrupción denunciados, y que involucrarían al Gobierno de Moreno (como INA papers y “Lucas Majano”), no han tenido la misma agilidad y fuerza para ser investigados y, eventualmente, ser enjuiciados sus responsables. (O)