Contaminación de los ríos por cianuro, mercurio y arsénico, así como juicios millonarios por defraudación tributaria y lavado de activos, son los réditos que le deja la actividad minera ilegal al sur del país.
Según el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero Económico (UAFE) -encargada de investigar posibles casos de lavado de activos- en el país se han detectado 11 empresas y 18 personas naturales vinculadas a presuntas empresas fantasma bajo la figura de actividades mineras.
Una de las empresas que forma parte de esta lista es la Sociedad Minera Orchu, radicada en Azuay y utilizada para presuntas irregularidades tributarias por una empresa cuyo representante legal está libre y a la espera de una sentencia de casación.
Durante el proceso judicial 01501-2018-000061, el SRI sostuvo que las compras a Orchu, “no tienen esencia económica, que las declaraciones de estos proveedores tienen inconsistencias, no tienen Derecho Minero, justo título o no han demostrado el origen lícito del mineral que vendieron y (además) no tuvieron licencia de comercialización”.
De acuerdo con los abogados de la empresa, el juicio, que tenía una cuantía de 6’000.000 de dólares fue ganado por su defendido debido a que el acta de determinación tributaria (documento que era la principal prueba contra el acusado) no tenía firmas de respaldo.
También en la provincia del Azuay, el SRI incluyó dentro de su lista de empresas fantasma a las mineras The Best Gold, Las Vegas, Metalsur, La Envidia y Comgold, sin que sus socios hayan sido, hasta el momento, procesados por fraude fiscal, lavado de activos o minería ilegal.
Tampoco hay procesos judiciales en firme contra personas naturales señaladas en los informes del SRI, tanto en el Azuay como en El Oro, Zamora Chinchipe, Guayas y Pichincha.
El caso de mayor cuantía procesado hasta el momento por la Fiscalía es el que se sigue en Guayaquil contra los directivos de las empresas Spartan y Clearprocess, que se encuentra en etapa de casación.
El abogado Luis Parrales, defensor de la parte acusada, dijo que su cliente compraba oro mediante colectores, que nunca tuvo contacto directo con mineros irregulares y que sus compras fueron lícitas y efectuadas entre septiembre de 2013 y mayo de 2014 cuando la minería ilegal no estaba tipificada como delito.
En la última audiencia de juicio, el fiscal a cargo se declaró enfermo y tras los alegatos de ambas partes el juez dio una victoria a los acusados, que fue apelada por la misma Fiscalía, cuya representante nacional, Diana Salazar, aseguró seguir el caso de cerca.
Ambiente contaminado
La contaminación del ambiente es otro de los problemas que se generan en torno a la minería ilegal en el Azuay, principalmente en el cantón Camilo Ponce Enríquez.
Un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid, presentado en el congreso de geoquímica de Portugal, indica que la minería en dicho cantón “ha provocado una extensa degradación ambiental”
Según el estudio, los ríos Siete y Tenguel están “altamente contaminados, constituyendo un riesgo toxicológico potencial”.
Las concentraciones de arsénico, cianuro y mercurio superan los límites permisibles en 94%, 85% y 63% respectivamente, se indica.
El estudio determina que “la contaminación es extremadamente alta” por arsénico en la cuenca del río Siete y por mercurio en la cuenca del río Tenguel. Además muestra “valores inaceptables de riesgo ecológico” en la zona.
En los otros ríos de Camilo Ponce Enríquez también hay riesgo. En el río Chico y Gala, donde incluso se realiza pesca para alimentación, se encontraron peces con altos niveles de mercurio según una investigación de la Universidad de Cuenca.
En el río Monroy, de donde se capta el agua para el recinto Shumiral, hay presencia de actividades mineras ilegales afirma el dirigente Fernando Guaycha.
La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) lideró operativos que dejaron 182 detenidos por minería ilegal en todo el país, pero los procesos de investigación aún no arrojan sentencias definitivas.
La contaminación de los ríos se repite en la provincia de El Oro, donde los niveles de contaminación han generado incluso reclamos internacionales.
Las aguas del río Calera en el cantón Portovelo, un afluente sin vida por la contaminación de mercurio, llegan al sistema fluvial Puyango-Tumbes en Perú donde dañan cultivos y provocan enfermedades según denuncias de pobladores del vecino país.
Las plantas de beneficio que procesan el oro en Portovelo y Zaruma también reciben material aurífero que sale de Camilo Ponce Enríquez, lo que genera una cadena de contaminación.
Guaycha señala que en Ponce Enríquez se teme llegar a los niveles de contaminación de la provincia de El Oro y pide la acción del Ministerio del Ambiente.
Dicha cartera de Estado ha efectuado dos grandes operativos en Azuay y El Oro en el último año, clausurando plantas de beneficio y decomisando material, pero la contaminación aún no encuentra freno. (I)
