Andrea Salazar / Quito
El asesinato de Mariana Granja durante un asalto a plena luz del día en la zona comercial de Quito ha despertado la indignación de la ciudadanía y se ha realizado varios plantones para exigir justicia y mayores controles migratorios. El asesino de la mujer de 67 años fue un joven venezolano de 19 años.
Ante esto la respuesta del presidente Lenín Moreno fue de reclamo a la Asamblea Nacional por no aprobar dos leyes que el Gobierno presentó y que considera indispensables para la lucha contra la inseguridad. La primera es el Código de Seguridad del Estado que ya está dos años en manos de los legisladores, y las reformas a la Ley de Movilidad que pretende sobre todo agilizar el trámite de extradición a quienes hayan delinquido en el país.
“La necesitamos porque nos permitirá expulsar y deportar a los extranjeros que vienen al país a delinquir y que son encontrados en delitos, los que vienen a visitar siempre son bienvenidos, los delincuentes no, los que vienen a dañar nuestra sociedad, a asesinar, a delinquir, ellos no son bienvenidos”, dijo Moreno.
Según explicó María Paula Romo, ministra de Gobierno, los cambios a la Ley de Movilidad, que fue remitida a la Asamblea el 31 de julio del año pasado no solo mejora la figura de la deportación, sino que crea la posibilidad de la expulsión y la no admisión, es decir no dejar entrar a quienes tengan antecedentes penales por los que sean buscados en sus países.
Mientras, la ministra señaló que se reforzarán los controles migratorios en ciertos lugares, como puertos, aeropuertos y cruces terrestres, en donde se realizarán registros exhaustivos para evitar que se filtren personas con pasado judicial o sin sus papeles migratorios en regla.
“El tema migratorio amerita control cuando vemos episodios como el del fin de semana en Quito, la alarma de la ciudadanía se exacerba y nos preguntan sobre las políticas migratorias que tenemos, nos obliga a reforzar los controles”, señaló Romo.
Por su parte, Patricio Pazmiño, viceministro, señaló que también se harán controles en lugares que son frecuentados por los venezolanos, los cuales iban a empezar el próximo lunes 10 de febrero, pero ante el clamor ciudadano, ya se los efectúa actualmente.
“Esto es complementario al registro que hacemos por la visa humanitaria, queremos tener controles y establecer mejores niveles de trazabilidad de los extranjeros que tenemos aquí, lo que dará incluso tranquilidad a quienes han llegado y están dentro de la legalidad”, dijo Pazmiño. (ASM)-(I)
