Pretender que en las movilizaciones de octubre del 2019 no hubo terrorismo es absurdo, consta a la ciudadanía las acciones desbordadas de grupos preparados para ejecutar las directrices de toma y agresión a centros comerciales, periodistas e instalaciones de los medios de comunicación y edificios gubernamentales, estas acciones se cumplieron en la medida que la policía fue limitada en su respuesta, si bien reportes de algunos funcionarios de las agencias de noticias y personeros de las entidades privadas y oficiales de derechos humanos, sostengan que la Fuerza Pública, actuó con desmedido rigor, al punto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, observa al Gobierno de Ecuador como causante de la muerte y de las heridas sufridas por varios conciudadanos, del uso de gases tóxicos y la aplicación de estrategias de represión.
Pero… los llamados a derrocar el gobierno, las iniciativas y presión para que se llegue a la toma fallida del Palacio de CARONDELET, la toma de la Asamblea y posterior recuperación, el incendio de la Contraloría, el bloqueo de las centrales estratégicas, de mercados y almacenes, la interrupción de carreteras y vías de acceso a las ciudades, del tráfico automotriz, de la movilidad peatonal o de las ambulancias, con el secuestro de policías y agresión directa, no consta en tales informes y no se enuncian siquiera para advertir de su evidente peligrosidad.
¿En qué quedamos señores comisionados? En un dictamen que no repara con la debida profundidad en el proceso de agresiva violencia terrorista. Tal resolución desmiente el requisito de imparcial objetividad. Los Derechos Humanos son inherentes a las personas, universales y socialmente exigibles por todos. Con mirada retrospectiva, algo queda en claro, los ecuatorianos debemos seguir pagando los diez años de corrupción del correísmo. Los 70 mil millones del atraco van quedando para eternas memorias. (O)
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