Ecuador busca inversores privados para concesionar una serie de proyectos de infraestructuras por valor de más de mil millones de dólares y pide «confianza» en las reformas que el presidente Lenín Moreno ha iniciado para consolidar la seguridad jurídica.
Así lo aseguró a Efe el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, quien está embarcado en la búsqueda de socios privados para contrarrestar la reducción de presupuesto que ha sufrido su cartera en los últimos años.
«El ministerio pasa de un promedio de 1.000 millones de dólares anuales en la década pasada para inversión a una realidad de 340 millones de dólares entre 2019 y 2020», menciona Martínez.
Un dinero que debe servir para «proyectos rezagados (deudas por pagar de proyectos en marcha) y también algunos nuevos y mantenimiento de vías ya existentes».
El recorte se debe a las necesidades presupuestarias de un país que, en 2017, descubrió una deuda acumulada muy superior a la declarada por el anterior Gobierno, y que tiene serios problemas para encontrar financiación en los mercados.
Para pedir la ayuda de entidades internacionales, Ecuador entró en 2019 en un ajuste de envergadura a nivel público, y direccionó su estrategia de inversión a la «alianza público-privada».
«Realmente el Ministerio se encuentra en una situación en la cual o busca al (sector) privado para hacer construcciones nuevas o se nos vuelve muy complejo hacerlas», puntualizó.
Es así como, en su ámbito, figuran prioridades como la construcción de un Metroférico para Quito, por valor de 740 millones de dólares de CAPEX; la concesión del puerto de Esmeraldas, 100-150 millones, y la inspección no intrusiva en puertos (instalación de escáneres), 150-200 millones.
Otros proyectos son el viaducto Sur de Guayaquil, por 455 millones de dólares; la concesión de 33 kilómetros de carretera entre Loja y Catamayo (en el sur), por 40 millones; la instalación de fotorradares, 57 millones, y la concesión del aeropuerto de Manta (oeste), valorada en 70 millones de dólares.
Todos ellos proyectos que incluyen de 10 a 30 años de concesión y, en un caso, el del Viaducto Sur de Guayaquil, hasta 50, según una tabla del ministerio.
Preguntado por Efe, Martínez recalca que no se trata de una «privatización» de activos públicos -lo cual puede generar discrepancias en la opinión pública ecuatoriana- sino de «concesiones».
«Privatizar es desprenderse del activo, entregarle en propiedad del activo al (sector) privado. Esto es un proceso de concesión en el cual el activo permanece con el Estado central», subraya.
Una situación, la que busca Ecuador, en la que el Gobierno no tenga «nada que invertir», «ni arriesgar», o en la que «arriesgue lo mínimo».
Martínez destaca que, a diferencia de cómo se ejecutaban las obras en el pasado, en las actuales se está haciendo un cálculo de rendimiento para el Estado, y no sólo de cobertura de la inversión.
«Nosotros tenemos planificado, por ejemplo, en todas las concesiones que estamos manejando, que si (en una carretera) se llega a pasar del tráfico con el que fue calculado el ejercicio financiero, esos beneficios pasen en una gran mayoría al Gobierno central».
La intención del Ejecutivo de Moreno, sostiene, es una mezcla de inversión extranjera y nacional, pero en definitiva «privada».
«En concesiones portuarias realmente tenemos muchísimo interés de empresas extranjeras (…) Puede ser local como puede ser externa, pero inversión privada para todos los proyectos de concesión que nosotros tenemos», declaró.
En ese orden, Martínez dijo que esperaba en total «unos 1.000 millones de dólares en inversión», incluida la ampliación de carreteras de dos a cuatro carriles.
El Gobierno de Moreno entrará en mayo en su último año de gestión, y lo hace después del terremoto social de octubre de 2019, en el que tuvo que revertir decisiones cruciales para incrementar los ingresos del Estado ante una ola de protestas.
También tuvo que revertir un proyecto de ley económica y otros compromisos incluidos en un plan de saneamiento fiscal al que había llegado con organismos internacionales, como el FMI, que en total le han concedido al país andino una línea de crédito de más de 10.000 millones.
«Obviamente el Gobierno pasó momentos muy duros en octubre. El riesgo país se disparó, luego también la no aprobación de la nueva ley económica tuvo un impacto negativo. Esto obviamente, aleja un poco, o vuelve más caro, el financiamiento para los proyectos», reconoció el ministro.
Pero aseguró que el país está demostrando que «se puede captar inversión», que sus procesos son «transparentes» y que «no hay queja de las empresas que están participando» ya en concesiones y proyectos.
La búsqueda de inversores en las actuales condiciones no es fácil y se han dado circunstancias en las cuales se ha presentado un solo oferente.
Por ello, Martínez aclara que trabaja para «hacerlos más atractivos» y «que haya más participantes» y considera que «ahorita hay un ambiente de muchísima más estabilidad y confianza», sobre todo, por los esfuerzos encaminados a ofrecer al inversor garantías jurídicas que no se tenían antes.
Con todo y haciendo autocrítica, resalta que Ecuador debe «superar el pensamiento de que cada cuatro años refundamos el país» y que «los contratos no se respetan» y llamó a «comenzar a pensar en país a largo plazo». EFE
