América Latina es la región más peligrosa del mundo para defender los derechos humanos y ambientales pues registró el pasado año más de 200 de los 304 asesinatos documentados a nivel global por la ONG Front Line Defenders (FLD).
Según el informe «Análisis Global 2019», divulgado este miércoles desde la Ciudad de México, cuatro de los cinco países más peligrosos para ejercer el activismo forman parte del subcontinente, y acumulan el 68 % de los casos, declaró a Efe Sandra Patargo, coordinadora de Protección para las Américas de esta ONG.
«Es la (región) más peligrosa en el sentido de que es la más mortífera, es donde más personas defensoras de derechos humanos son asesinadas en el mundo», advirtió.
Los cinco países con más asesinatos a defensores y ambientalistas en 2019, según FLD, fueron Colombia con 106, Filipinas -único país no americano de la lista- con 43, Honduras con 31, México con 23 y Brasil también con 23.
Patargo destacó que «el 40 % de las personas defensoras de derechos humanos en el mundo trabajaban temas ambientales, de tierra y territorio y derechos de los pueblos indígenas».
Mientras que en 75% de los casos documentados por FLD hay un registro de amenazas previas.
«La impunidad sigue siendo la norma en la región», aseguró Patargo, pues los casos no llegan a la justicia integral donde se detengan a los autores tanto materiales como intelectuales.
La criminalización fue una de las agresiones más documentadas la región, y, al igual que los asesinatos, ocurre principalmente en contra de ambientalistas, agregó.
CONTRA EL MEDIOAMBIENTE
México es el país más letal para los defensores del medioambiente, pues el 75 % de los 23 asesinatos documentados por la ONG fueron en contra de defensores de la naturaleza, reveló Patargo.
«Estaban directamente relacionados (en la lucha contra) actividades extractivas de megaproyectos de desarrollo», subrayó la coordinadora regional durante la primera presentación en español del informe.
«En el caso particular de México, la promesa del presidente (Andrés Manuel) López Obrador de luchar en contra de la pobreza implica invertir en proyectos extractivos y proyectos de desarrollo», explicó.
Al oponerse a estos programas, abundó, los defensores enfrentan enormes riesgos, pues «hay poderosos intereses corporativos y de funcionarios públicos y posibles ganancias en juego».
En este país, FLD sigue documentando casos del 2019, puntualizó Patargo, por lo que es posible que la cifra de 23 asesinatos aumente.
Ello «sin contar obviamente los casos de este 2020, donde ya hemos documentado al menos 3 asesinatos de personas defensoras (dos en Michoacán y uno en Ciudad Juárez)».
Agregó que más del 60 % de los asesinatos en México fueron cometidos con armas de fuego y en al menos 11 casos se iniciaron investigaciones sin tener resultados hasta el momento.
Jesús Peña, representante adjunto en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, condenó el lamentable cuarto lugar -junto con Brasil- que ocupa México en el informe de FLD en cuanto a agresiones a personas defensoras de derechos humanos.
Coincidió en las cifras, pues según registros de la ONU en México, se documentaron 20 asesinatos a defensores de derechos humanos en 2019, y 10 de ellos tenían vínculos con la defensa del territorio y del medio ambiente.
«La mejor manera de protección es indudablemente la lucha contra la impunidad en la que están muchas de las agresiones», advirtió Peña.
Patargo añadió que el 20% de los asesinatos en México fueron contra mujeres, mientras que a nivel internacional la cifra fue de 13 %.
«Muchas veces no está visibilizada esta violencia (en contra de las mujeres), pero no quiere decir que no esté sucediendo», dijo. EFE
