Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael Correa, no cree que la petición de recusación de los jueces que será estudiada este viernes en el caso Sobornos 2012-2016 vaya a prosperar porque en Ecuador este tipo de procesos se ven «muy matizados por las circunstancias políticas».
«Estoy absolutamente seguro de que mañana, mañana mismo, antes de que termine la tarde, el tribunal volverá a recuperar su competencia y me citará para reiniciar la audiencia el día lunes», dijo el abogado en una entrevista con Efe en la que hizo repaso a un proceso calificado por algunos como «el juicio del siglo».
Y aunque reconoció que se trata de «conjeturas», apuntó que hay demasiado intereses de por medio como para que el proceso contra Correa y otras 20 personas se detenga.
Este viernes, un tribunal de la Corte Nacional estudiará la petición de recusación de los jueces presentada por Jarrín en el caso al considerar que uno de ellos está en condición de «temporalidad» en el cargo, lo cual le impide tratar asuntos penales.
La temporalidad -sostiene- afecta a la «inamovilidad», que «es una garantía de imparcialidad que todo juez debe tener para que su decisiones no se vean motivadas por la necesidad de permanencia» en el cargo.
Se refiere al juez ponente, Iván León, presidente del Tribunal, que ocupa su cargo de forma interina.
Y recuerda sentencias internacionales en ese sentido que defienden que «un juez que no se siente sólido en su cargo va a responder a los vaivenes de las necesidades políticas, o inclusive comunicacionales».
«En este caso son ambas las fuerzas que empujan a este tribunal a sentenciar lo más pronto posible», indica el letrado en alusión a que en este momento se está deliberando sobre el calendario electoral y se quiere impedir que Correa pueda presentarse a las elecciones.
El Caso Sobornos 2012-2016 juzga la presunta financiación del movimiento Alianza País cuando era dirigido por Correa, a cambio de contratos gubernamentales, y las audiencias se instalaron el pasado lunes pero fueron interrumpidas el miércoles por el recurso de Jarrín.
El proceso se celebra en medio de un clima político exacerbado por el enfrentamiento entre el actual mandatario Lenín Moreno y su predecesor,lo que ha dado pábulo a acusaciones de «persecución política».
«En Ecuador, la tradición jurídica, la tradición del litigio jurídico, se ha visto desgraciadamente siempre muy matizado por las circunstancias y relaciones políticas y, este momento, creo que esas circunstancias han llegado al clímax», consideró.
«Estamos siendo testigos de circunstancias en donde prácticamente la independencia de las funciones, y sobre todo de la función judicial, es realmente una quimera», agregó el abogado.
La audiencia de juicio fue instalada el lunes a pesar de que ya se conocía que se había aceptado a trámite el pedido de recusación, ello porque los jueces no fueron notificados a tiempo de la decisión.
Para Jarrín, se trata de una acción deliberada dado que -según su teoría- el proceso debería terminar lo antes posible para impedir la inscripción de Correa como candidato, lo que le concedería inmunidad.
En su opinión, las fuerzas que no quieren ver al exmandatario en las elecciones necesitan una «sentencia ejecutoriada previo a la candidatura» y no de «primera instancia», sino que debe pasar «la apelación y la posterior casación que se considera una especie de tercera instancia».
Todo ello antes del mes de noviembre, cuando está prevista la inscripción de candidatos para las elecciones presidenciales que se celebrarán en febrero de 2021.
«Hay una conciencia de que eso es lo que se busca por parte del Ejecutivo», señala Jarrín sobre el ambiente que rodea al juicio, y evoca presuntas declaraciones en ese sentido de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, o del presidente Lenín Moreno.
Aun así el abogado está convencido de que, pese a la supuesta influencia política en el proceso, podrá ganar el caso porque habrá jueces que no querrán ser parte de «este juego» cuando se vuelva ya demasiado «escandaloso» el quiebre de reglas y normativas legales. EFE
