En la administración de justicia hay procedimientos para evitar precipitación en las decisiones que perjudicarían a los acusados, partiendo del principio de que es preferible un criminal libre que cien inocentes sancionados. Los acusados tienen derecho a acudir a abogados para su defensa que, en estos casos, pueden recurrir a múltiples procedimientos reconocidos en el cuerpo legal. Por ética profesional, no cabe que los defensores recurran a estos artificios para realizar acciones, en principio amparadas en la ley, a fin de obstaculizar la administración de justicia y lograr la impunidad de los defendidos. Es lamentable que, con frecuencia, los principios éticos pasen a segundo plano.
En nuestro país, la viveza criolla, conocida como sapada, son formas de comportamiento para eludir la observancia de las leyes en perjuicio del Estado y de la sociedad. Lamentablemente estas formas de conducta tienen el “reconocimiento” y, a veces el aplauso de determinados sectores en los que pesa más el culto a la “viveza” que la seriedad en la administración de justicia. Los que integran el poder judicial, tienen que tener formación y calidad moral para evitar que estas artimañas de algunos defensores tengan prioridad sobre la agilidad que la práctica de la justicia requiere. Inclusive hay caminos legales para que los que recurren a estas artimañas puedan ser sancionados.
En juicios en los que están involucrados “peces gordos” de la política acusados de corrupción, suelen estas personas manifestar que son víctimas de de persecución política y sus defensores hacer gala de su “habilidad profesional” mediante manipulaciones. En el combate a la corrupción pública una de las reacciones del gran público es la frustración por la impunidad de delincuentes y la excesiva tardanza en los juicios. Uno de los componentes de la limpieza en administrar justicia debe consistir en que los encargados de hacerla, tengan entereza para no dejarse engatusar por estos recursos mañosos.
