Medio centenar de indígenas de la Amazonía ecuatoriana llegaron este jueves a Quito para exigir a las autoridades del Estado que se respete su derecho a una consulta previa en proyectos extractivistas (petróleo y minería) y se cumplan fallos judiciales que les favorecen.
Ataviados con ropas tradicionales y pintados sus rostros, los indígenas amazónicos acudieran a la Corte Constitucional, el máximo organismo de control de la Carta Magna, y a la Contraloría (tribunal de cuentas del Estado), para demandar que se cumpla la normativa interna e internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Nemonte Nenquimo, dirigente de los manifestantes, explicó a Efe que su llegada a la capital busca que se respeten los derechos indígenas y de la naturaleza, afectada por las actividades petroleras y mineras.
«Estamos cansadas que siempre nos digan cosas y no se haga nada», señaló la también presidenta del Consejo de la etnia Waorani en la provincia amazónica de Pastaza, en el este del país.
«No queremos el extractivismo», que daña el medio ambiente, pues los pueblos amazónicos son los que «cuidamos la naturaleza, nuestra casa», añadió Nenquimo.
La líder indígena aseguró que no confía en la palabra de las autoridades, pero indicó que los pueblos amazónicos esperarán un tiempo prudencial para observar «si ahora sí se cumplen las promesas».
Además, indicó que si las autoridades no cumplen con sus promesas de que se respeten los derechos indígenas, se podría convocar a jornadas de protesta.
De su lado, María Espinosa, abogada de los indígenas y defensora de los derechos humanos, explicó que las acciones llevadas a cabo hoy en Quito buscan que el Estado asuma su rol constitucional de protección de los habitantes y de la naturaleza.
Recordó que, además de exigir que se aplique el derecho a la consulta previa e informar a las comunidades afectadas por proyectos extractivistas, los indígenas amazónicos piden que se respeten fallos judiciales que reconocían la vulneración de derechos y a la autodeterminación de los pueblos en casos específicos de explotación de recursos naturales en la selva.
En abril del año pasado, una sentencia judicial en Pastaza reconoció que se vulneró el derecho a la consulta previa libre e informada y a la autodeterminación de las comunidades indígenas de la zona, en procesos de explotación petrolera.
Un caso similar ocurrió en la comunidad Cofán, en la provincia amazónica de Sucumbíos, aunque, según los indígenas, esas sentencias no se han aplicado por culpa de las autoridades e instituciones encargadas de hacerlas efectivas.
Espinosa indicó que con la llegada del grupo indígena a Quito se ha pedido que se inicien las investigaciones para determinar las responsabilidades por el comportamiento de funcionarios e instituciones en estos casos, que finalmente terminan por afectar a las comunidades y al mismo Estado.
Asimismo, dijo la letrada, se han presentado nuevos casos como los relacionados con las conceiones mineras en la provincia de Napo, vecina de Pastaza, así como en Zamora Chinchipe, todas en la Amazonía.
Espinosa dijo que las autoridades de la Corte Constitucional y la Contraloría han ofrecido actuar, pero remarcó que este tipo de «discursos bonitos» ya los han visto en el pasado
«Nos han dicho que (las autoridades) están preocupadas… Hay que esperar las acciones», mencionó Espinosa al remarcar que, «hasta tanto, la Amazonía sigue abandonada de manera estructural».
Opinó, además, que el Gobierno del presidente Lenín Morreno «tiene una agenda (económica) basada en el extractivismo, en la explotación de los recursos naturales no renovables».
«Mientras esa agenda se siga imponiendo de forma inconsulta sobre la vida de los pueblos, la Amazonía seguirá siendo el sitio de donde sale petróleo y la minería, pero donde se sigue condenado a los pueblos» que habitan la selva, remarcó Espinosa. EFE
