La Cámara de Industrias y Producción de Cuenca, en concordancia con la rueda de prensa que dio el Comité Empresarial Ecuatoriano y la Cámara de la Minería de Ecuador en estos días en Quito, manifestó su posición frente a la consulta popular que se impulsa desde la Prefectura del Azuay para impedir la actividad minera legal.
Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción de Cuenca, manifestó que son una institución que ha trabajado, apoyará y generará actividades formales de cualquier sector productivo, incluido la minería.
El Ecuador siempre se ha caracterizado por tener minería, pero informal con efectos devastadores no sólo al medioambiente, sino también hacia la sociedad, como se vio en la mina ilegal de Buenos Aires en Imbabura, donde además de los efectos ambientales, se evidenció violación a derechos humanos, tratos violentos a las mujeres, empleo infantil, tráfico de drogas, asesinatos, delincuencia, extorsión, etc., todos graves problemas por los cuales poco o nada han hecho los políticos en los últimos años, indicó.
Sólo en los últimos meses se ha visto una actividad fuerte contra la minería ilegal, con el cierre de la mina de Buenos Aires, y también se escuchó recientemente el cierre de una mina en el Sígsig por parte del Ministerio de Gobierno y el Gobernador del Azuay.
La propuesta de consulta popular impulsada por el prefecto del Azuay va dirigida a limitar las actividades formales, inclusive una de las preguntas habla de concesiones a empresas formales, pero no toca nada de la minería ilegal y justamente en ese tipo de propuestas se ve lo poco que pueden hacer las autoridades en este campo, dijo.
La segunda pregunta tiene carácter retroactivo, donde solicita que todas las concesiones sean eliminadas, cuando ninguna Ley es retroactiva, indicó.
Y la primera pregunta habla también de que se debe tomar la decisión de explotar o no los lugares donde están los minerales, cuando según la Constitución todos los productos que están bajo tierra son del Estado, por tanto son todos los ciudadanos los que deben tomar esta decisión, y no sólo el Azuay.
Bajo esta lógica, se ha formulado la hipótesis de que el análisis de los efectos de la minería formal y legal, debe hacerse no sólo con una visión política, sino técnica y objetiva, por parte de las Universidades de Cuenca, del Azuay, Politécnica Salesiana, Católica y otras del país, para informar bien a la ciudadanía sobre el tema.
Resaltó que ninguna industria está en contra del agua, porque sin agua no hay vida, y además las empresas mineras deben cumplir con todas las normas ambientales, laborales, tributarias y societarias.
Efectos positivos de esta actividad
El efecto económico del sector minero es inmenso, porque no sólo realiza la venta o exportación del producto explotado, sino también hay compra de bienes, servicios, generación de empleo y proyectos anclados a la zona, agrícolas, sociales, incubadoras de empresas, etc.
Uno de los principales problemas que hay en Ecuador es la falta de empleo, con 5.2 millones de personas desempleadas, y este sector podría generar mucho trabajo formal.
Actualmente a nivel nacional, la industria minera representa más o menos el 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), que representa de 1.500 a 2000 millones de dólares, que es muy bajo, porque en el país estamos acostumbrados a la minería artesanal.
La proyección es que el sector minero en 5 años sea del 4% del PIB, pero hay que estar conscientes de que los proyectos mineros pueden durar hasta 20 años, y se espera llegar a los porcentajes que tiene Chile, que depende del producto minero en un 8% de su PIB, concluyó. (COR) (I)
