Partiendo de una visión positiva de los delincuentes, a los que se consideran personas normales que cometieron actos que merecen prisión a causa de falencias en el ordenamiento comunitario, a las tradicionales cárceles se les denomina desde hace no mucho tiempo “centros de rehabilitación social” considerando que durante el tiempo que dure su privación de libertad, las personas aprenderán a comportarse adecuadamente y, cuando se reintegren a la vida normal, estarán readaptadas a sus entornos, como resultado de su “rehabilitación”. No están mal las ideas y no las repudiamos, pero deben adecuarse a las condiciones y metas con seriedad estableciendo programas apropiados.
Se considera como normal que los sistemas de vigilancia y ordenamiento interno excluyan hechos violentos y que, lo menos a que deben aspirar los internos es a seguridad plena. Lamentablemente, en los centros de reclusión de nuestro país han dejado de ser excepcionales acciones violentas que culminan con el asesinato a reclusos por parte de sus compañeros. Ha habido casos de sublevaciones de presos que conllevan enfrentamientos violentos con los guardianes con víctimas, o rencillas y agresiones entre algunos de los reclusos con trágicos finales, lo que lleva a pensar en fallas internas del sistema.
Lo ocurrido en el CRS de Turi la semana pasada es insólito, seis presidiarios, sin que medien rencillas inmediatas, fueron ahorcados en sus celdas por la noche. Se trata de un ajusticiamiento entre ellos fríamente planificado, burlando los sistemas de seguridad interna. Es evidente que hay una falla sustancial de vigilancia. Las condiciones han empeorado desde que se trae de otras ciudades delincuentes peligrosos a este centro, lo que de ninguna manera contribuye a consolidar el proceso de rehabilitación. Cabe recalcar que las víctimas de estos “ajusticiamientos” fueron reclusos de otras ciudades. No puede este problema dejarse pasar, peor “echar tierra” sobre el asunto.
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