La Fiscalía de Barcelona (noreste de España) solicitó 18 años y medio de cárcel para un militante de la extrema derecha acusado de haber planeado matar al presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, en venganza por la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco.
Manuel Murillo, de 64 años y vecino de la localidad barcelonesa de Terrasa, fue detenido en noviembre de 2018 después de que lo denunciara a la Policía una dirigente local de la formación española de ultraderecha Vox que formaba parte de los grupos de wasap donde el acusado anunció su intención de matar a Sánchez.
Según la Fiscalía, Murillo empezó entre julio y agosto de 2018 a difundir mensajes contra el Gobierno de España, en un grupo integrado por «personas afines» a la ideología política conservadora, tras el anuncio de Sánchez de que se iban a exhumar los restos mortales del dictador del Valle de los Caídos, donde estuvo enterrado desde 1975 hasta octubre de 2019.
En su escrito, al que tuvo acceso Efe, la Fiscalía acusa de los delitos de homicidio en grado de proposición, tenencia y depósito de armas y municiones prohibidas, así como explosivos al acusado, que es hijo del último alcalde franquista de la localidad de Rubí, en Barcelona, y vinculado a entornos de extrema derecha.
El ministerio público pide además que se aplique la agravante de discriminación ideológica al procesado, quien según la Fiscalía pidió entre sus contactos de wasap «ayuda y organización» para perpetrar el magnicidio.
Con el paso del tiempo, el acusado «alcanzó la convicción personal de la necesidad de planificar acciones tendentes a causar la muerte del presidente del Gobierno como forma de derrotar al gobierno socialista» y, para llevar a cabo sus propósitos, «solicitó de forma pública y privada ayuda».
«Si tocan a Franco, sugiero que empiece la guerra otra ver por nuestro honor». «Si lo sacan me cargo al Sánchez, lo juro». «A Sánchez hay que cazarlo como un ciervo» o «Ya me gustaría tenerlo un día en el punto de mira» (a Sánchez) son algunos de los mensajes que Murillo compartió con su teléfono.
En septiembre de 2018, el procesado se puso en contacto con la dirigente de Vox que lo acabaría denunciando, ante la creencia de que «disponía de capacidad para proporcionar los medios y/o contactos» con los que atentar contra el presidente del Gobierno, aunque la formación de extrema derecha, según la Fiscalía, era «totalmente ajena» a sus planes.
Días más tarde, la Policía le detuvo y se incautó de una pistola, una carabina, un puñal, un punzón y varios útiles para la práctica de tiro. En el interior de su vivienda se encontraron también numerosas armas y municiones.
Murillo, que está en prisión preventiva desde su detención, disponía de licencias de armas largas, deportivas y de caza, además de campos y galerías de tiro. EFE
