Una supuesta “prueba nueva” intentó ayer incorporar Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa, expresidente de la República y uno de los 21 procesados por el delito de cohecho en el contexto de la trama de corrupción «Sobornos 2012-2016».
Ante el tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia, Jarrín pidió que se incorpore el testimonio de (Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero), vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes en diciembre de 2019 aprobaron que en el informe de «Arroz Verde» no se hallaron irregularidades ni ilegalidades en los aportes económicos a la campaña de Alianza País. Sin embargo, tras 15 minutos de deliberación, los magistrados de la Corte negaron la solicitud de Jarrín y argumentaron que el testimonio de un funcionario no puede ser considerado como una prueba. Jarrín también pidió una pericia del disco digital que habría contenido la información proporcionada por Pamela Martínez y Laura Terán.
Campaña
La campaña de AP se desarrollaba en un «cuarto de guerra», ubicado en la sede del movimiento oficialista en Guayaquil, contó durante la presentación de sus pruebas Christian Viteri, uno de los 21 procesados en «Sobornos 2012-2016», y entonces coordinador de la campaña de Viviana Bonilla a la Alcaldía de Guayaquil, en 2014.
En su relato negó que Laura Terán le haya entregado 100.000 dólares en efectivo para la campaña de Bonilla. «Jamás fui a las oficinas del edificio Concorde en Quito», dijo y pidió a la Fiscal Diana Salazar contrastar la información. Sin embargo, comentó que Terán le llamaba por teléfono cuando existían fondos para la campaña los cuales eran entregados en el Colegio de Abogados del Guayas, de quien Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez, era su presidente.
También dejó entrever que existen facturas de la empresa Disercom por montos que iban entre los 102.000 hasta los 200.000 dólares con el nombre comercial de Byron Patricio Andrade Montenegro, esposo de Terán.
En su intervención -que se extendió por casi dos horas- Viteri rechazó que la Fiscal no haya llamado a declarar a los tesoreros de AP, Paulina Proaño y Rolando Carrera, quienes debían remitir los informes de gastos de campaña al Consejo Nacional Electoral (CNE). Según Viteri, el 13 de enero de 2014, Carrera depositó en el Banco Nacional de Fomento (BNF) 1.050.000 dólares en efectivo. «Esto consta en los Archivos Verdes, incluso en una sola entrega se depositó más de 500.000 dólares en efectivo».
Viteri también involucró a Maria Augusta Enríquez, exasesora de Vinicio Alvarado, quien durante las campañas de 2011, 2012, 2013 y 2014 fue el enlace entre la entonces secretaria de la Administración y la campaña de AP. Incluso Enríquez habría manejado fondos durante la campaña de 2016 de Lenín Moreno. (SCC)-(I)
