La Fiscalía del Azuay descartó que la muerte de seis reclusos haya sido un suicidio masivo y confirmó que las pericias forenses aportaron indicios que llevan a concluir que se trató de seis muertes violentas.

Ahora las investigaciones son efectuadas para determinar la motivación de los crímenes y quiénes estarían involucrados.

Los seis privados de la libertad murieron de forma simultánea y en condiciones similares, el pasado jueves 20 de febrero, en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Turi, en Cuenca. Los cuerpos fueron encontrados colgados de literas en diferentes celdas de pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad. El hecho causó conmoción e indignación en los familiares de los fallecidos.

Leonardo Amoroso, fiscal Provincial del Azuay, detalló que desde que se hizo el levantamiento de cada uno de los cadáveres y por las circunstancias se descartó el suicidio y se manejó el caso como un hecho delictivo.

Ahora, mucho más, al contar con los resultados del protocolo de autopsias. Los peritos analizaron el doble surco dejado en los cuellos de los fallecidos posiblemente ocasionados con cuerdas y las lesiones que presentaban en otras partes del cuerpo; en uno de los cadáveres existe huella de uña. En otro caso, un fallecido tenía un arete el cual fue desprendido con fuerza de la oreja. También, un recluso tenía reventado el hígado, eso hace presumir que previamente fueron golpeados, explicó Amoroso.

Las motivaciones que llevaron a perpetrar las muertes serán determinadas con la investigación. El caso ha sido asignado a la Fiscalía de Personas y Garantías, de esta manera se ha considerado que un solo fiscal maneje los caso para evitar que la investigación no tenga inconvenientes, dijo Amoroso.

Dentro de la averiguación se recaba todos los elementos de convicción para procesar a las personas que cometieron los crímenes.

Pero la investigación se torna complicada, puesto que las muertes sucedieron en un sitio de privación de la libertad, donde hay mutismo -silencio voluntario o impuesto- de parte de las personas que podrían conocer los hechos y tendrían información valiosa.

Ademas, se reflexiona sobre la inexistencia de cámaras de seguridad en vista que en meses anteriores fueron destruidas durante un amotinamiento.

Cuando hubo el hallazgo de los cuerpos, María Belén Cabrera, directora del CRS Turi, indicó que los privados de la libertad fueron encontrados suspendidos en las distintas celdas en donde habitaban.

Antecedentes de fallecidos

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), difundió los nombres de los internos fallecidos y sus procesos judiciales. Se señaló que Carlos C., cumplía una sentencia por el delito de violación y atentado contra el pudor; Adilson L, por asesinato; Darío M., asesinato; Stalin E., robo; Pedro P., robo agravado; y Jorge C., violación. Las condenas que cumplían los que fallecieron iban desde tres, 25 y hasta 40 años; uno de ellos estaba a tres meses de salir en libertad. (KOQ)-(I)