El procurador General del Estado ecuatoriano, Íñigo Salvador, reveló este lunes que analiza si interrumpir el diálogo que mantiene con la firma brasileña Odebrecht y solicitó a la Fiscalía una nueva investigación del sonado caso de sobornos que goleó al país suramericano.
«Reconsideramos la conveniencia de continuar en conversaciones con Odebrecht», explicó el procurador en una rueda de prensa en Quito, previa a una rendición de cuentas de la entidad que dirige.
En julio pasado la constructora inició conversaciones con las autoridades de Ecuador, entre ellas la defensora del Estado, en el marco de un proceso de reparación integral por los daños ocasionados a raíz del escándalo de sobornos calculados en más de 35 millones de dólares.
Sobre esas gestiones, que hasta la fecha han resultado infructuosas, el procurador insistió que no ha tirado la toalla y que quiere explorar «la posibilidad de llegar a un acuerdo: Me parecería absurdo haber perdido todos estos meses sin llegar por lo menos a un acuerdo parcial».
Aclaró que entre sus objetivos a corto plazo figuran reanudar las reuniones con las autoridades nacionales sobre cómo proceder con el caso Odebrecht.
Salvador manifestó que de forma paralela, la Procuraduría General de Estado ha solicitado a la Fiscalía General que abra una investigación relacionada con la firma brasileña y que confía en que en las próximas semanas se produzcan resultados sobre la cuestión.
La compañía brasileña señaló al inicio de las conversaciones su compromiso de cooperar con el Estado ecuatoriano y que ese proceso no interferiría con otros fiscales, judiciales y administrativos en marcha.
Las autoridades ecuatorianas subrayaron que los daños causados por la compañía deberán abarcar la totalidad de las operaciones de Odebrecht en Ecuador.
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África.
En el caso de Ecuador, afirmó que entre 2007 y 2016 la constructora brasileña pagó sobornos por más de 35,5 millones de dólares a «funcionarios del Gobierno», lo que supuestamente le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.
En este país, el exvicepresidente Jorge Glas, elegido en 2017, fue condenado a seis años de prisión por asociación ilícita en relación a la trama, acusado de haberse beneficiado de 13,5 millones de dólares en sobornos pagados por la constructora para la adjudicación de contratos de obra cuando fue responsable del ramo.
En total se investigan o han sido investigados 14 proyectos de construcción que fueron adjudicados a la firma brasileña, entre ellos el emblemático Metro de Quito.
Odebrecth también figura entre las empresas adjudicatarias de contratos de obra en Ecuador en la trama conocida como «Sobornos 2012-2016», de supuesta financiación irregular de la campaña política del partido Alianza País (AP), en la época en que estuvo liderado por Rafael Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017.
La Fiscalía General ha pedido la pena máxima por el presunto delito de cohecho para Correa, Glas y una veintena de procesados, en una causa que se dirime en la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana. EFE
