Cuando me matriculé por primera vez en la Universidad de Cuenca en 1954, el porcentaje femenino de estudiantes era el 10%. En nuestros días supera al de varones. No han sido necesarias innovaciones jurídicas, ya que el ingreso a colegios y universidades no estaba prohibido a las mujeres; lo que se ha dado es un cambio de actitudes en un creciente incremento de estudiantes de este género y la superación del prejuicio que las mujeres debían tan solo prepararse para actividades hogareñas y no para profesiones de nivel superior.
En la historia de la vergüenza humana, los prejuicios que marginaban a las mujeres de una serie de posibilidades en el ordenamiento social ocupan un lugar prioritario. En la civilización cristiana occidental se han dado importantes cambios al eliminar estas restricciones legales, como reconocer el derecho al voto femenino. Luego de triunfar las sufragistas en Estados Unidos, consideraron que para que se dé una real igualdad debían prepararse mediante la educación superior y así poder competir mejor en el ordenamiento social.
Para superar o por lo menos mitigar las desigualdades sociales, la educación es un instrumento de primer orden y en los Estados democráticos ha dejado de ser un privilegio minoritario y convertido en un derecho sin restricciones. En el caso que se aborda, más allá de las leyes, los cambios en las actitudes individuales y colectivas han pesado en su disminución. El derecho no se limita a una declaración en el papel, se torna realidad cuando realmente se lo ejerce. Este cambio en el ejercicio del derecho a la educación no ha logrado una igualdad total de género, pero sí ha disminuido los grados. (O)
