El 30 aniversario del retorno de la democracia a Chile coincidió este miércoles con el ecuador del Gobierno del presidente Sebastián Piñera, que navega en mitad de la tormenta perfecta generada por el estallido social, con un alto rechazo a su gestión, inciertas perspectivas económicas, problemas de orden público y denuncias por violaciones de derechos humanos.
El mandatario abogó por «revivir» las virtudes que permitieron acabar hace tres décadas con la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), «en base a diálogos y acuerdos», para superar la actual crisis social; y pese a reconocer falencias defendió los logros conquistados desde el regreso de la democracia.
Aseguró que en los dos años que le quedan de mandato pondrá énfasis en dar respuestas a esas falencias, entre las que mencionó el descuido de adultos mayores y niños vulnerables, las carencias de la clase media, la lucha contra los abusos y los privilegios y tratar de cerrar la brecha entre la ciudadanía y la política.
Algunos de estos puntos coinciden con las reformas que desde el pasado 18 de octubre reclaman multitud de personas en masivas concentraciones por todo el país, especialmente en Santiago, y que no han cesado desde entonces pese a las medidas sociales anunciadas por el Gobierno y al plebiscito sobre una nueva Constitución que tendrá lugar el próximo 26 de abril.
Sin embargo, a pesar de la voluntad expresada hoy por el presidente, para algunos analistas la gestión de Piñera ya sólo podrá tener un mero carácter administrativo.
«Toda la energía se va a canalizar en la nueva definición de las reglas del juego (en el hipotético proceso constituyente que nazca en el plebiscito) y eso deja un Gobierno prácticamente de administración con muy poca capacidad de llevar adelante proyectos de ley y se transformará en un Gobierno meramente de administración», dijo a Efe Claudio Fuentes, politólogo de la Universidad Diego Portales (UDP).
«Creo que su legado va a ser administrar un proceso constituyente que realmente termine bien», aseveró.
Además, el crédito de Piñera está bajo mínimos con un 11, % según la última encuesta de Cadem, guarismo que ha llegado a ser menor y que supone récord histórico en el país.
«Hay una crítica tanto de los sectores más duros de derecha como de la centro izquierda», señaló al respecto el politólogo.
ABANDONO DEL ESCENARIO INTERNACIONAL PARA VOLCARSE EN LO LOCAL
Piñera, que el 11 de marzo de 2018 inició su segundo Gobierno tras regir entre 2010 y 2014, dio un marcado perfil internacional a su gestión en 2019, erigiéndose como uno de los principales opositores al líder venezolano Nicolás Maduro en la región y como anfitrión de dos eventos de alta relevancia, como las cumbres de la APEC y la COP25.
El estallido social provocó la cancelación de estos dos eventos y Piñera se enfocó en la política nacional para atender las demandas sociales que le pedía la ciudadanía en las calles. Su presencia internacional mermó a partir de entonces pero además quedó cuestionada ante las múltiples denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado para contener las protestas.
«Tenía una agenda en el primer año muy intensa de vinculación internacional, de tratar de ser un actor relevante. Estuvo muy activo en la crisis de Venezuela, trató de organizar eventos internacionales en Chile que no los pudo llevar adelante y lo que vemos es un presidente que tiene una imagen dañada internacionalmente con toda la violencia policial», señaló Fuentes.
En el plano económico, y a falta de la publicación oficial de las cifras, el PIB chileno habría aumentado 1,2 % en 2019, lejos del 2,5 % pronosticado antes de la crisis y del 4 % de 2018.
PROGRAMA DE GOBIERNO ALTERADO POR ESTALLIDO SOCIAL
El estallido social golpeó duramente al Gobierno, «que perdió el rumbo y que prácticamente desapareció en términos de su capacidad de establecer gestos mínimos tanto de gestionar la crisis como de organizar el país», expresó Fuentes.
Alcanzado el ecuador de su mandado, el avance del programa de Gobierno de Piñera se sitúa en el 34 %, según estableció el estudio «Del dicho al hecho» de la organización latinoamericana Ciudadanía Inteligente.
Así, de las 256 promesas hechas al comienzo del Gobierno, 25 se han cumplido al 100 % mientras que 133 permanecen sin cumplir.
Comparativamente, al término del segundo año de su segundo mandato, la expresidente Michelle Bachelet había cumplido el 39 % del programa, señala el estudio.
La crisis motivó cambios urgentes en el programa de Gobierno, cuyo cumplimiento se sitúa en el 64 %, con un total de 51 promesas de las que 20 ya se han cumplido al 100 %.
A partir del estallido social «se ve una aceleración de la labor legislativa y también de cuántos proyectos llegan al 100 %», dijo a Efe Auska Ovando, coordinadora de democracia digital de Ciudadanía Inteligente.
«Lo que muestra el estudio es que sin duda pasan cosas en el Gobierno cuando hay movilizaciones de esta magnitud, pero esas cosas no necesariamente aseguran que a la gente le vaya a satisfacer», agregó Ovando.
Es por ello que los ciudadanos siguen mostrando descontento en las calles y la crisis, que ya se cobra la vida de al menos 30 personas, parece lejos de solucionarse pese a las medidas sociales anunciadas por el Gobierno y al plebiscito. EFE
