Los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza de la Amazonía ecuatoriana están en riesgo e indefensión ante las amenazas que sufren, denunció este jueves Amnistía Internacional (AI) al concluir una misión al país.
La ONG internacional manifestó su preocupación por la falta de políticas públicas de protección a los defensores de los derechos humanos y los escasos avances de la Fiscalía en la investigación de cuatro casos de mujeres amazónicas que fueron violentadas por defender su territorio.
«Para que cualquier política de protección de personas defensoras de derechos humanos pueda ser efectiva, las autoridades deben reconocer públicamente la legitimidad de la labor de las personas defensoras y con ello habilitar un entorno para que realicen su trabajo en espacios seguros», aseguró María José Veramendi, investigadora para Sudamérica de AI.
Una delegación de la ONG visitó el país en la última semana y mantuvo reuniones con responsables de la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos, a fin de verificar las acciones que están tomando en relación a las personas defensoras de derechos.
«La Secretaría de Derechos Humanos manifestó que esperaban contar con un plan de protección listo antes de octubre, pero no podemos esperar tanto. Necesitamos medidas concretas e inmediatas», añadió Veramendi.
Por su parte, la ecologista Fundación Pachamama hizo un llamado al Gobierno para que desista de seguir con la estructura económica actual, «basada en el petróleo y la minería».
«Debemos plantear un modelo económico libre de extractivismo con políticas que no destruyan la vida», manifestó una representante de la Fundación, Belén Paez.
Amnistía Internacional, presentó el lunes pasado más de 250.000 firmas recolectadas en al menos 168 países, ante la Fiscalía para que avance en las investigaciones sobre los ataques contra las activistas del colectivo Mujeres Amazónicas, Patricia Gualinga, Nema Grefa, Salomé Aranda y Margoth Escobar.
«Nosotras como mujeres amazónicas no nos vamos a rendir, si nos quieren matar, aquí estamos, si nos quieren enjuiciar, aquí estamos, si quieren perseguirnos, aquí estamos y no retrocederemos un paso», afirmó una representante del colectivo Zoila Castillo.
Las defensoras esperan de los organismos públicos una respuesta inmediata a sus reclamaciones, a fin de poder dar con los responsables de los hostigamientos de los que han sido víctimas. EFE
