Como parte de las investigaciones en torno a los casos de sobornos en el anterior gobierno, sale nuevamente a luz el caso de cientos de empresas fantasmas. Se conoce con este nombre a empresas falsas que solamente existen en papeles pero que no desarrollan ninguna actividad que no sea la de ayudar a evadir impuestos. Esas y quienes las utilizan, facturan millones de dólares cada año por transacciones o servicios que no desarrollaron pero que sirven para evadir el pago de impuestos. Un triángulo vicioso de abogados que se prestan para crearlas, empresarios que las usan para evadir y personas que prestan o venden sus nombres para figurar como cabezas de esas empresas, conforman estas redes de evasión.
De acuerdo con la información oficial la mayoría de las empresas fantasmas en años anteriores fueron utilizadas en el comercio y en la actividad de reparación de vehículos automotores y motocicletas. Le siguen en frecuencia las actividades relacionadas con la construcción y actividades profesionales, científicas y técnicas. Sigue una larga lista de otros campos, en porcentajes menores. Se trata en todos los casos de actos reñidos con la ley y con la ética, pero que además perjudican al Estado que se ve privado de ingresos que sirven para desarrollar obra pública y servicios.
El SRI ha descubierto cerca de mil compañías fantasmas con ganancias de alrededor de tres mil millones de dólares. Estas compañías inexistentes han generado – según esas mismas informaciones- un perjuicio al Estado por $950 millones. El número de clientes es elevado pues se cuentan en torno de veinte mil empresas que hacen tratos para evadir el cumplimiento de obligaciones tributarias. Parte de estas transacciones ilegales fueron utilizadas para financiar campañas electorales del gobierno anterior lo cual hace suponer que fueron conocidas por las autoridades de entonces, pero, que, en vez de sancionar, las usaron para recaudar fondos.
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