El presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó cuatro proyectos de ley «antiabusos» con el objetivo de aumentar las penas por delitos económicos y de corrupción como la colusión, la creación de carteles y el uso de información privilegiada.
«En los últimos tiempos hemos conocido casos muy sensibles de colusiones y carteles en bienes tan importantes como los medicamentos, los pollos o el papel higiénico, que han perjudicado a la inmensa mayoría de chilenos», expuso el mandatario en una comparecencia pública en el Palacio de la Moneda.
El presidente advirtió que las sanciones para quienes «abusan de su posición dominante en los mercados» en bienes de primera necesidad «serán muy severas».
Así, se prevé un aumento del mínimo de la pena para el delito de colusión de los tres a los cinco años y un día, con un máximo de diez años.
Dichas medidas, bajo el nombre de «agenda antiabusos», fueron anunciadas el pasado 9 de diciembre en un intento por frenar las masivas protestas que coparon el país y que tras casi cinco meses desde su inicio han dejado al menos una treintena de fallecidos y miles de heridos.
«La inmensa mayoría de los chilenos queremos construir un Chile más justo, más equitativo, sin abusos ni privilegios, y con iguales oportunidades y dignidad para todos. Ese es el potente mensaje de la voz de la gente que hemos escuchado en forma fuerte y clara», dijo Piñera.
A partir de este viernes, los cuatro proyectos de ley iniciarán su proceso en el Congreso chileno, al que el presidente pidió una «pronta tramitación».
Para fiscalizar de forma más severa y eficaz los delitos económicos, otro proyecto de ley otorga más facultades a la Fiscalía Nacional Económica y protege la identidad de los denunciantes.
«Para combatir la corrupción, que sabemos que es el cáncer de las democracias, necesitamos mejores instrumentos, y el denunciante anónimo ha probado ser muy eficaz en las principales democracias del mundo», señaló Piñera.
La propuesta legislativa también agrava las sanciones por el uso de información privilegiada, fraudes o alteración de documentos, cuya multa máxima se multiplicará por siete, hasta las 100.000 Unidades de Fomento (más de 3.400.000 dólares).
Por otra parte, el proyecto aumenta el plazo de prescripción de los delitos electorales de dos a cinco años: «No hay razón alguna para que sigan existiendo privilegios injustificados para el mundo político», declaró el mandatario.
Chile vive desde el pasado octubre la peor crisis social desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con episodios de violencia extrema con saqueos, barricadas y destrucción de mobiliario público.
Aunque durante el verano austral las protestas quedaron relegadas casi exclusivamente a los viernes, el regreso de la actividad laboral, educativa y legislativa en marzo ha reavivado las movilizaciones en ciudades de todo el país. EFE
