Tras sobrevivir a una guerra civil de doce años, los salvadoreños se resisten al olvido pese a que la cuarentena por el coronavirus les obligó a cancelar varias de las tradicionales conmemoraciones de los crímenes durante el conflicto armado (1980-1992).
Los miembros de la comunidad de Santa Marta, ubicada más de 75 kilómetros al noreste de San Salvador, recuerdan cada 18 de marzo la masacre de «Piedras Coloradas», llamada así por el sitio en el que la perpetró el Ejército en 1981.
Pero este año, debido a la emergencia nacional y el estado de excepción aprobado para contener el COVID-19, las tradicionales concentraciones fueron sustituidas por actos individuales, simbólicos y coordinados: la misión era recordar a los «mártires» y obedecer la orden presidencial de no realizar concentraciones de más de 50 personas.
La guerra interna en El Salvador enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1980 y 1992 y dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
En el marco de ese conflicto, el Ejército lanzó en marzo de 1981 un operativo contrainsurgente que desembocó en la matanza y el desplazamiento de los pobladores a Honduras.
«El coronavirus no va impedir que conmemoremos a nuestros mártires», afirmó a Efe Leonel Rivas, uno de los organizadores, quien explicó que las tradicionales caminatas o misas, que usualmente reúnen a cientos de personas, fueron sustituidas por un acto más íntimo.
Cada familia que quiso participar colocó un pequeño altar en su casa, prendió velas en honor de sus familiares, amigos o conocidos asesinados por los militares.
A las 20.00 hora local (02.00 GMT del jueves) se apagaron las luces, los televisores y las radios para guardar 18 minutos de silencio.
Después, quienes quisieron fueron al parque a dejar flores y velas a un altar preparado para la ocasión, detalló Rivas.
«Hemos concluido que no podíamos impulsar los eventos que teníamos programados, porque todos eran de carácter público, donde se aglutinaba mucha población», señaló.
No obstante, apuntó, «nadie puede impedir que la comunidad de Santa Marta conmemore y tenga presentes estos hechos», por lo que optaron por los actos alternativos.
De acuerdo con el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, el 18 de marzo de 1981 «miles de campesinos» fueron «atacados por aire y tierra», lo que en su momento dejó entre 20 y 30 muertos y 189 desaparecidos, aunque los sobrevivientes cifran en más de 200 los asesinados.
Aunque por esta masacre, comentó Rivas, no existe ningún proceso penal abierto a la fecha, los pobladores siguen recordando a las víctimas, incluso con las restricciones impuestas por el COVID-19.
Es que, mientras estas personas recordaban a sus familiares asesinados, el presidente del país, Nayib Bukele, anunciaba en cadena nacional de televisión el primer caso confirmado de COVID-19.
Se trata de una persona, del municipio de Metapán (noroeste), que salió del país rumbo a Italia y que no registró su ingreso, por lo que el Gobierno supone que entró a El Salvador por un punto ciego.
SAN ROMERO A LAS REDES
Esta conmemoración no es la única afectada, ya que el martes la Fundación Monseñor Romero canceló los actos conmemorativos programados para el 24 de marzo por los 40 años del magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero.
Dicha fundación llamó a los denominados «romeristas» a «hacer ruido en las redes sociales» con la etiqueta «#SiguiendolospasosdeSanRomero» y a prender velas la tarde del 24 de marzo cerca de la hora en que fue asesinado el arzobispo en 1980 mientras oficiaba una acto religioso.
Romero fue asesinado por un escuadrón de la muerte de ultraderecha en la capilla de un pequeño hospital para enfermos con cáncer en San Salvador.
El único santo salvadoreño, conocido como «La voz de los sin voz», se pronunciaba contra la violencia y las violaciones a los derechos humanos en los años previos a la guerra civil, con lo que se erigió en un referente en la defensa de los más vulnerables.
Cada año cientos de salvadoreños realizan actos culturales y religiosos para conmemorar al «San Romero de América», llamado así incluso antes de su canonización en 2018.
DILIGENCIAS SUSPENDIDAS
De acuerdo con el defensor de derechos humanos Wilfredo Medrano, de la organización Tutela Legal «María Julia Hernández», la pandemia también afectará otras conmemoraciones y la realización de diligencias judiciales.
Explicó a Efe que las autoridades suspendieron unas inspecciones para realizar exhumaciones en el caso de la masacre del Sumpul (1980), donde fueron asesinadas unas 300 personas en pleno conflicto armado.
Añadió que otras diligencias relacionadas con la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) «se van a ver afectadas» y explicó que «no se pierde la oportunidad procesal, sino que se va a prolongar».
Un censo del Gobierno dado a conocer a finales de 2017 da cuenta de que en El Mozote fueron ejecutadas por el Ejército 986 personas, de las que 552 fueron niños y 434 adultos. EFE
