La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) ha instado al Gobierno a que suspenda el pago de la deuda externa y destine esos recursos a la emergencia sanitaria por el COVID-19, informó este martes la organización.
En un comunicado facilitado por el liderazgo indígena, se da a conocer un acuerdo tras la celebración el lunes de un Consejo Político a través de plataformas digitales, en el que participaron dirigentes de las diferentes confederaciones indígenas regionales.
«Instamos al Gobierno Nacional a suspender el pago de la deuda externa, ya que es prioritario destinar esos recursos económicos a suplir las necesidades de la crisis en el sistema de salud pública por la emergencia de COVID-19», reza el primer punto del documento.
El Estado debe crear las condiciones reales para sostener la cuarentena #COVID19ec en los sectores populares del país, muchas familias generan ingresos con trabajo diario y su economía familiar se verá afectada. Debe suspenderse pago de deudas crediticias mientras dure emergencia pic.twitter.com/8q5bGWusyO
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) March 16, 2020
También exhorta al Ejecutivo a reactivar convenios de cooperación y dotación de equipos, medicamentos y personal especializado, sobre todo con Cuba, China y Rusia.
La Conaie pide además una moratoria en el pago de los créditos y microcréditos con la banca pública y privada, cooperativas de ahorro y otras instituciones financieras mientras se prolongue la emergencia.
En paralelo, exige que «la seguridad alimentaria sea considerada con carácter prioritario» y pide la inmediata creación de un fondo de emergencia destinado a que el Gobierno «compre la producción campesina y llegue a los sectores populares como una forma de subsidio alimentario».
Destaca, en ese sentido, que el 85 % de los alimentos consumidos diariamente por la población ecuatoriana proceden del trabajo de cerca de 3 millones de campesinos, en parcelas de menos de cinco hectáreas.
La dirección indígena urge a las autoridades, a través del Ministerio de Trabajo, a que eviten la precarización laboral que se derive de la situación excepcional en el campo y la ciudad.
El acuerdo condena «todo uso político y proselitista de esta crisis» y avanza que «las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades establecerán puntos de control en cada uno de los territorios para impedir el ingreso de personas ajenas a sus espacios».
Por otra parte, rechazan «las pretensiones de las empresas hidroeléctricas, madereras, petroleras y mineras, que, aprovechando de esta crisis sanitaria y la desmovilización social, pretenden ampliar sus fronteras de acción en detrimento de la vida e integridad de los territorios indígenas».
Y exige al Ministerio de Educación que evalúe la pertinencia de las clases virtuales a los estudiantes, en especial del sector rural, que «deben salir a las ciudades en búsqueda e internet», a raíz del déficit de cobertura en determinados sectores.
El liderazgo indígena concluye pidiendo a los medios comunitarios que continúen apoyando la campaña #QuedateEnCasa, particularmente en áreas rurales y comunitarias.
Ecuador se encuentra bajo estado de emergencia sanitaria por el COVID-19 desde hace más de una semana y registra 1.049 casos de contagio y 27 fallecidos, de acuerdo a los últimos datos oficiales. EFE
