El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, debe enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para combatir el impacto del coronavirus, que ha paralizado la actividad productiva en un 70-80 por ciento y obliga al país a recurrir a un peligroso, pero imprescindible, endeudamiento.
El proyecto, que no tiene fecha exacta de llegada al órgano legislativo, buscará «defender el empleo y garantizar la vigencia de la dolarización», anunció hace unos días el presidente sin dar detalle de sus planes, más allá de que su objetivo es «enfrentar la situación económica» a raíz de la crisis sanitaria.
LLUEVE SOBRE MOJADO
Una fórmula casi inexpugnable en las condiciones actuales de Ecuador, que ya el año pasado se vio obligado a pedir asistencia por 10.200 millones de dólares a organismos internacionales.
Ahora, con 3.747 contagiados y 191 fallecidos, la carga se hace mucho más difícil, pero es el parón económico el que puede convertirse en una segunda y mortal trampa, particularmente para una economía débil como la ecuatoriana.
El precio del petróleo -principal producto de exportación- ha rondado la mitad de la cifra que fue tomada en cuenta en el presupuesto nacional, lo cual deja un agujero aún mayor.
«El principal problema es la falta de liquidez, porque más del 80 por ciento de los negocios están cerrados», advirtió a Efe Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias (CIP) de Ecuador.
El sector manufacturero aportó en 2019 el 13 % del PIB, generó exportaciones por 4.500 millones de dólares, y ventas por 24.000 millones, metas todas ellas, dijo el empresario, que «no se van a poder alcanzar este año».
TEMOR A DESPIDOS
Un situación que pone también en riesgo el mercado laboral, porque el 60 % de la fuerza activa en Ecuador es «informal», y el resto puede verse ante una ola de despidos.
Alrededor de un 10 % de la mano de obra «formal» podría verse en la calle en las próximas semanas, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, apuntó Zambrano.
Ecuador, que registró su primer caso de contagio el 29 de febrero, declaró la estado de excepción el 16 de marzo, paralizando todas las actividades comerciales no vitales.
Y ante el crecimiento de los contagios, el Gobierno extendió la suspensión de la jornada laboral hasta el 12 de abril, privilegiando el teletrabajo, que en nada ayuda a ese 60% de «informales» que no tiene casi ningún ingreso.
Para los más débiles, el Gobierno está concediendo un bono especial de 60 dólares, que beneficia a unas 400.000 familias.
En una entrevista con Efe, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, explicó que «en este momento hacemos un cálculo de que el mercado está perdiendo unos 200 millones diarios».
Y advirtió que el parón se resuelve inyectando dinero de un «fondo de salvataje».
MAYOR ENDEUDAMIENTO
Como él, también Zambrano insistió en que no hay otra medida posible en este momento que recurrir al endeudamiento y «obtener créditos en organismos multilaterales», que ahora, ante la crisis, sí estarán dispuestos a abrir el grifo a Ecuador.
Hace solo un mes, el FMI aplazó al país andino la remesa de marzo de un crédito ya aprobado por no cumplir con el plan de reajustes, pero en los últimos días Ecuador ha conseguido créditos por 70 millones de dólares del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF para la crisis sanitaria.
Y sigue gestionando otras ayudas para poder salir del atolladero.
Una circunstancia que ha llevado a la oposición correísta, a sectores sindicales y al colectivo indígena a pedir la suspensión de pagos de la deuda externa.
SUSPENSIÓN DE PAGOS
En declaraciones a Efe, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, una de las máximas representantes del correísmo en el país -los demás están en el extranjero por causas judiciales abiertas- ha vuelto a pedir que Ecuador se acoja a la «tregua» ofrecida por los organismos multilaterales.
Y que se destinen así mayores recursos a la emergencia sanitaria, porque el país afronta una «tercera crisis que es la del postcoronavirus».
Posibilidad que por ahora el Gobierno parece ver como última salida, a juzgar por el pago hace dos semanas de una deuda de 325 millones.
«Hemos entrado en un proceso de reperfilamiento de la deuda externa. La última medida fue no pagar intereses y fue aceptado por los organismos multilaterales. Se pagaron unos 300 millones de capital y no los 200 millones de intereses, que se están invirtiendo en salud», explicó Gabriel Arroba, secretario Nacional de Comunicación.
APOYO AL SECTOR PRIVADO
Pero la preocupación de los empresarios es que también haya liquidez para el sector privado, como ya están haciendo otros países, y que el Ejecutivo difiriera a todos (lo ha hecho con empresas pequeñas) aportes a la Seguridad Social y a la Hacienda pública.
«Más allá de que es una crisis mundial, y de que haya que precautelar primero la salud, no veo una reacción adecuada del Gobierno para evitar que cierren muchos negocios y muchas personas caigan en el desempleo», destacó Alarcón.
Sabedor del conflicto en el que se encuentra el Gobierno, que debe pedir dinero también para las arcas públicas, Zambrano acudió recientemente a entidades internacionales a solicitar crédito para la banca privada.
«Hemos pedido que parte del dinero vaya a reactivar el sector productivo», dijo al recordar que ya antes de esta crisis sanitaria el Estado necesitaba 6.000 millones de dólares.
Las intenciones de Moreno están siendo definidas por su ministro de Finanzas, Richard Martínez, que ha apostado desde el año pasado por los multilaterales para rescatar al país.
Pero los dos empresarios coinciden en que, para evitar males mayores a futuro, el proyecto de Moreno debe ayudar a garantizar al «sustenibilidad» del sector privado, que es el que más mano de obra emplea, y advierten contra una subida de impuestos que ponga «más trabas a las producción». EFE
