El mundo que saldrá de la pandemia de COVID-19 podría traer gobiernos más autoritarios, un auge de la censura y aún mayor desigualdad, se alertó hoy en una sesión extraordinaria y virtual del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que analizó los efectos políticos y sociales de la pandemia.
Estas preocupaciones fueron expresadas por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien señaló que la crisis sanitaria está llevando sufrimiento a todo el planeta pero también supone una amenaza a largo plazo para los derechos humanos.
La expresidenta chilena expresó por ejemplo su temor a que algunas medidas de emergencia tomadas para hacer frente al COVID-19 sean usadas como justificación para introducir medidas autoritarias que se prolonguen incluso cuando termine la pandemia.
«Me preocupa profundamente la adopción por parte de algunos países de poderes ilimitados de emergencia, no sujetos a revisión», señaló, añadiendo que en algunos casos «la epidemia se está usando para justificar cambios represivos de la legislación convencional, que seguirán en vigor mucho después del final de esta emergencia».
Bachelet evitó dar ejemplos concretos, aunque la comunidad internacional ha criticado recientemente medidas como las tomadas por Filipinas o Hungría, cuyo Parlamento votó a favor de permitir que el primer ministro, Viktor Orban, gobernara por decreto bajo un estado de emergencia de duración indeterminada.
CENSURA A LOS CRÍTICOS
Bachelet también mostró su preocupación por los pasos dados por algunos gobiernos para imponer restricciones a la libertad de prensa y de expresión, justificadas en el combate a supuesta «desinformación» pero que podrían dirigirse contra cualquier crítica.
«En algunos países se ha informado de periodistas sancionados por reportar sobre escasez de mascarillas, trabajadores sanitarios reprendidos por decir que no tienen suficiente protección o gente detenida por hablar de la pandemia en redes sociales», denunció.
LOS PELIGROS DEL CONFINAMIENTO
También indicó que el confinamiento domiciliario ordenado en muchos países aumenta el riesgo de que haya violencia doméstica, «como han mostrado recientes estadísticas en España y Francia».
Alertó de que entre los colectivos más expuestos al contagio se encuentran los presos y detenidos, por lo que su número debe ser «cuidadosamente reducido para evitar una expansión explosiva del virus», y rechazó los planes de algunos países para dictar penas de prisión a quienes violen las normas de distanciamiento social.
«Ello seguramente exacerbaría la epidemia», destacó Bachelet, y subrayó que ante la actual amenaza que afronta la humanidad «no hay sitio para el nacionalismo o la búsqueda de chivos expiatorios», y denunció los ataques físicos y verbales que han sufrido en algunos países minorías como los orientales.
UN VIRUS QUE REVELA LA DESIGUALDAD
La alta comisionada agregó que la pandemia «está desvelando el perjudicial impacto de las desigualdades en todas las sociedades», tanto en acceso a las redes de atención sanitaria como en protección laboral, incluso en países desarrollados.
Subrayó en ese sentid que el COVID-19 «tendrá efectos desproporcionados en los más pobres» y citó estudios del gobierno autonómico de Cataluña (España) que muestran cómo los barrios más desfavorecidos tienen niveles de contagio seis o siete veces mayores que las barriadas más prósperas.
La pandemia de COVID-19, concluyó, «es un test colosal» que requiere «acciones decisivas, coordinadas e innovadoras de todos y para todos».
PRIMER CONSEJO A DISTANCIA
Es la primera vez en 15 años de actividad que el Consejo de Derechos Humanos celebra una sesión virtual, con los representantes de organizaciones internacionales, gobiernos y ONG participando por videoconferencia desde sus domicilios u oficinas.
En el turno de intervenciones, el representante de la Unión Europea, organización criticada por no conseguir una respuesta coordinada a la crisis, admitió que «es tempo para la solidaridad».
Aseguró que los Veintisiete están trabajando para garantizar ayuda financiera a los afectados por la pandemia por valor de 20.000 millones de euros.
China y Rusia insistieron en la necesidad de no politizar la crisis y de levantar las sanciones internacionales contra países como Irán, Venezuela o Cuba, cuyas delegaciones señalaron que los bloqueos dificultan sus esfuerzos para prevenir la expansión del coronavirus.
Organizaciones no gubernamentales denunciaron que el COVID-19 ha supuesto un aumento del «edadismo», la discriminación por razón de edad, y la delegación sudafricana llamó a la próxima celebración de una cumbre mundial para «reafirmar el espíritu humano» tras la terrible pandemia global. EFE
