Salarios, obligaciones empresariales y cartera vencida son algunos obstáculos que enfrentan.
Rebajar las pensiones de la educación particular hasta en un 50 % durante los meses que faltan para acabar el año lectivo, como pide una asociación de comités de padres de familia sería improcedente. Este es un problema técnico, legal y laboral, que no es sencillo de resolver, advierte Pablo Crespo, directivo de la Unidad Educativa particular Santana.
Si bien el año lectivo, debido a la suspensión de asistencia por la pandemia del coronavirus, continuará hasta finalizar bajo el sistema de educación virtual, este cambio representaría un ahorro pero no más allá del 8 %.
En los establecimientos, explica, no solo se trata de los salarios docentes, aunque su nómina representa un 70 % de los gastos operativos en la educación particular; aparte de que los sueldos deben cubrirse hasta agosto, pues incluyen las vacaciones.
Hay otros costos adicionales y se debe tener en cuenta también una alta cartera vencida. Esto ocurre porque hay un apreciable monto de pensiones no pagadas por parte de algunos padres. Si eso se agrava y prolonga teme, incluso, que algunas instituciones cierren.
Crespo espera que el Ministerio de Educación dé algún lineamiento que ayude a llegar a un acuerdo a padres y colegios, la educación particular atiende a más del 20 % del alumnado del país. Los padres del Santana no han participado del antes mencionado comité de padres.
Como los gastos de los planteles particulares se pagan sin ayuda del Estado y solo con las contribuciones de padres de familia pactadas al inicio del año, todo depende de las negociaciones entre padres y los planteles, en un “ámbito de diálogo”.
La educación es un servicio especial, prioritario y distinto al de los demás, que no se puede suspender a la persona que está en mora, señala Crespo, quien llamó a cuidar que la defensa de los padres no caiga en otro tipo de intereses.
Leonardo Vázquez, exasesor de la Federación de Educación Católica (FEDEC) del Azuay, coincidió en la necesidad de que la administración de cada plantel se ponga en contacto con los padres y logre un acuerdo según la situación que esté atravesando.
El directorio de la FEDEC no puede intervenir en las escuelas y colegios afiliados, y ha sugerido a sus afiliados que cada rector se contacte con los padres para buscar un arreglo que les posibilite cubrir sus salarios y obligaciones, siempre con un diálogo franco.
Vázquez apunta que en esta crisis, también hay un pedido de que se reconozca pérdidas por parte del transporte escolar y aun de quienes entregan los refrigerios a los niños del nivel Inicial.
Del lado del Ministerio, los pronunciamientos públicos han llamado a la negociación entre los padres y los directivos. (AVB)-(I)
Migración a lo fiscal .- Leonardo Vázquez, exasesor de la Federación de Educación Católica (FEDEC) del Azuay, desestimó, como alegan los padres asociados, que puede darse una gran migración de la educación particular a la fiscal, porque el Estado no está en capacidad de absorber a más del 20 % del alumnado que estudia en planteles privados, los que dan un apoyo apreciable al sistema público.
Debe tenerse en cuenta que rige la zonificación de matrículas, un elemento más que dificultaría esta migración. Solo los planteles de Fe y Alegría en el país, atienden a 65.000 estudiantes, expuso Vázquez. “Imagínese que de ese 20 %, solo el 5 % quisiera migrar…”. (I)
