Alrededor de 100.000 personas en la Amazonía se ven afectadas por vertidos de petróleo en dos ríos, causados por la rotura de tuberías de tres oleoductos construidos en una región altamente sísmica y erosionada.
Los hechos se remontan a la primera semana de este mes, en plena crisis sanitaria por el COVID-19 en el país, que ha eclipsado esta otra emergencia medioambiental y humana que impide a las comunidades ribereñas el acceso al agua, a la pesca o cultivos, su principal sustento en momentos de restricciones y aislamiento por la pandemia.
Una coalición de ONG locales ha reclamado al Gobierno y a las petroleras involucradas (una de ellas estatal) responsabilidades sobre lo sucedido y censuran que se procedió tardíamente a realizar acciones para impedir un derrame que ha llegado a Perú, y que las labores de remediación son inciertas.
La rotura de tres tuberías del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), se produjo por un deslizamiento de tierra y provocó derrames de crudo en el río Coca, que posteriormente alcanzó el Napo llegando hasta comunidades indígenas en el país vecino.
Las petroleras, que se han apresurado a tender vertientes alternativas y garantizar que el suministro de petróleo pese a los cortes, aseguran que se trató de un evento natural de «causa mayor» y que están inmersas en un proceso de reparación de afectaciones en el que intervienen empresas líderes internacionales.
Consultada por Efe, OCP aseguró que «cerró válvulas el 7 de abril al final de la noche» y que su vertido fue «por inercia, el remanente que quedó en la tubería», aunque no tienen aún un calculo exacto del número de barriles vertido. Aseguran asimismo, que han ofrecido agua y alimentos a la población.
Pero las explicaciones no convencen a los afectados.
DERRAME DE MAGNITUD
«No tenemos unas cifras que nos sean convincentes. Al inicio hablaron de que se habrían derramado 4.000 barriles. Luego OCP reveló en el Parlamento que fueron 8.900 barriles», refiere a Efe Carlos Mazabanda, coordinador de Ecuador para Amazon Watch, organización que conforma la plataforma que monitorea el vertido.
Precisa que derrames similares que afectaron a las mismas poblaciones en 2009 y 2013, tuvieron parecido impacto y considera que «no hay transparencia del Estado para saber cuál fue la cantidad real de crudo derramado».
Belén Paez, directora de la Fundación ambientalista Pachamama, rescata el antecedente de 2013, en que se vertieron 50.000 barriles, y según ella, «las dimensiones del desastre son similares».
«Hemos tenido derrames anteriores, pero la magnitud con la cual hoy se ha contaminado es bastante preocupante», indicó por su parte Olger Gallo, dirigente de la comunidad Panduyaku, en la parroquia Gonzalo Pizarro, de la provincia de Sucumbíos.
Conformada por 183 familias y alrededor de 800 habitantes, su comunidad afronta la incomunicación geográfica y el aislamiento por el coronavirus, además de ver como su economía se ha esfumado.
«Nuestra forma de vida hoy se ve muy alterada, nuestro sustento diezmado y existe hambre», advierte al señalar especialmente a unas quince familias que viven en la rivera del río y fueron directamente afectadas.
Su asentamiento es uno de los primeros en el curso del río al que llegó el vertido y rememora cómo apareció anegado de crudo.
«Todo estaba contaminado de petróleo, al amanecer encontramos en las orillas, peces, serpientes y ranas muertas, las chacras (campos) con sus cultivos afectados», por la crecida del río debido a fuertes lluvias en la zona.
En la actualidad ya no fluye el petróleo, pero el río «está devastado» y las manchas negras presentes a lo largo de toda la rivera, en plantas, animales, rocas y sedimentos, pese a las constantes riadas y precipitaciones.
MAS DE 150 COMUNIDADES INDIGENAS AFECTADAS
«Son 150 comunidades indígenas, 24 parroquias afectadas y una proyección estimada de población de 113.000 personas», valoró Mazabanda.
Reconoce que esta cifra puede resultar impactante, pero incluye a 2.000 familias indígenas kichwas y a los 60.000 habitantes de la ciudad de Coca, cuya fuente principal de agua era el río del mismo nombre y que ha tenido que abastecerse del Payamino, que también presenta contaminación por hidrocarburos.
La directora de la Fundación Pachamama recuerda que lo sucedido en la Amazonía es «un drama humano y ambiental que se ha repetido en los últimos veinte años en Ecuador en las provincias de Sucumbíos como en Orellana».
Y resalta que en esa área se incrusta la denominada Joya de los Sachas, donde se ubican los cantones más emprobrecidos del país de acuerdo a Cepal, con limitado acceso a la salud y educación.
La contaminación a lo largo de cientos de kilómetros del río Coca tiene consecuencias ambientales incalculables.
«Playas y bosques de tierra inundable y firme, lugares importantes para la anidación y reproducción de animales como tortugas de río, caimanes, nutrias gigantes, o aves», anota Paez al advertir de especies que podrían «desaparecer completamente».
UNA TRAGEDIA ANUNCIADA
Las ONG acusan a las empresas COP Ecuador y la estatal Petroecuador, de haber hecho caso omiso de las advertencias en su poder acerca de que los oleoductos recorrían una región sísmica y donde se produce un fenómeno causa socavones y aludes.
«Esto es una catástrofe anunciada», subraya Paez, al recalcar que las dos infraestructuras están construidas sobre fallas geológicas a las que se suma el proceso de ‘erosión regresiva’ como consecuencia del desplazamiento de toneladas de agua para el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair en el cauce del río Coca.
Efecto de ello, fue la desaparición en febrero de la cascada de San Rafael, donde se produjo el deslizamiento, un secreto a voces que conocían «geólogos y técnicos» y que lleva a que «el río trate de encontrar su cauce». EFE
