Corresponden a IVA no devuelto y a transferencia para becas, lo que incide en su financiamiento. No se podría rebajar aranceles.
Las universidades cofinanciadas, como la Católica de Cuenca, del Azuay y Politécnica Salesiana, esperan del estado central la transferencia de recursos por concepto de preasignaciones y devolución del IVA. Solo en el caso de la Católica, la asignación y deuda pendiente totaliza 9 millones de dólares.
La universidad esperaba la asignación que, según la Ley, deben destinarse exclusivamente a apoyar a estudiantes con becas, concedidas por pobreza o recursos económicos insuficientes.
Sin embargo, por la crisis actual, es un recurso con el que no se puede contar con certeza y esto incidirá en las becas para este ciclo académico.
La universidad destinó unos 2,2 millones de dólares para la concesión de becas, financiados con sus recursos, en espera de la transferencia estatal que los compense, lo que está generando un primer desface presupuestario pues, en la condición del momento, no hay certeza de que pueda haber una pronta devolución, señala el director financiero de la universidad Eugenio Mogrovejo.
Un segundo escenario adverso y complicado se refiere a los valores por devolución del IVA por parte del Estado y que, con la crisis fiscal, es igual de complicado una transferencia oportuna.
Sin embargo, esta deuda de 3,5 millones de dólares solo por el IVA ya fue presupuestado por el alma mater, por lo que, si no los recibe, tendrá en incidencia negativa en su sostenimiento.
Si sumamos los 3,5 millones de IVA no devuelto a los 2,2 millones que corresponde a las becas estamos hablando de 5,7 millones que no tenemos seguridad de recibir, lo que ya representa, aproximadamente, el 10 % del presupuesto institucional. Un desface de casi 6 millones de dólares antes de culminar el primer trimestre del año, expone.
La universidad preveía recibir en mayo, junio y julio, unos 5,5 millones de dólares mensuales por concepto de colegiaturas, mas por el agravamiento de la crisis, también podría fallar la captación de estos recursos.
A esto, la Universidad Católica suma un reclamo no resuelto al Servicio de Rentas Internas, por concepto de IVA no devuelto por otros 3 millones de dólares, con lo que los compromisos pendientes de pago con el Estado llegarían a 9 millones de dólares, un 15 % del presupuesto universitario.
Para contrarrestar este desface y un escenario de contingencias que podría presentarse a partir de mayo, en el alma mater se ha impuesto una merma de gastos corrientes y de inversión, que incluyen una reducción salarial, a partir de abril, a todo el personal. Los gastos de consumo e inversión han sido, así mismo, rebajados entre 50 y 70 %. (AVB)-(I)
Opciones
En este escenario no se ha pensado en una reducción de aranceles, en función de la falta de transferencia de recursos estatales. La universidad evalúa lo que ocurriría si hay una imposición de rebaja de colegiaturas que disponga por el Estado, pero por ahora no está definido.
Según la modalidad de pagos de la universidad, los estudiantes cancelaban tres cuotas iguales de su colegiatura; ahora se propone pagos del 50 % de dichos abonos, con la condición que al mes de julio, para los exámenes, se pague la totalidad. Además se busca convenios con entidades financieras, a fin de que concedan créditos a los estudiantes, con tres a cinco meses de gracia. (AVB)-(I)
