Con pandemia o sin ella, hay quienes insistimos no solamente para disminuir el tamaño del Ejecutivo, sino la reingeniería total del Estado donde están también los llamados gobiernos autónomos descentralizados. Como la presidencia de la República y el aparato burocrático que administra, ya no tienen a donde estrecharse y al contrario sus gastos aumentan cada ejercicio fiscal, pues los principales rubros (educación, salud, justicia, seguridad, infraestructura) que absorben el 92% del presupuesto son intocables, quiero enfocarme en las restantes estructuras nacionales y seccionales.
Por ejemplo la Asamblea. Coincido con las sugerencias que circulan en redes sociales, sobre la necesidad de reducir sus 137 integrantes a dos por las provincias que superan el millón de habitantes y uno las demás. Conceptúo entonces fuera de tono la propuesta de un colectivo ciudadano, para tornarle bicameral aumentando su burocracia.
Por su parte los 221 cantones tienen demasiados concejales: quince en Cuenca y las capitales provinciales aunque cinco bastarían y tres en los restantes. Los municipios además, según la Contraloría no utilizan correctamente los fondos hasta en el 95%, creando empresas y funciones paralelas a las que tiene el Estado central.
Respecto a las juntas parroquiales que dependen económicamente de los cabildos, pienso que los integrantes no deben ser elegidos en las urnas con el gasto público consiguiente, sino las propias comunidades que también solventen sus gastos y remuneraciones. Y en relación a las prefecturas son innecesarias, pues los ediles del sector rural pueden reemplazarlas.
Finalmente el Estado no puede continuar financiando las campañas electorales y los gastos de reposición, sino los partidos, adherentes, candidatos y simpatizantes, cual sucede en los países del primer mundo. (O)
