El recorte de “una burocracia gigantesca plagada de organismos inútiles”, y el cobro de cerca de USD 1.500 millones a empresas morosas con el Servicio de Rentas Internas (SRI), plantearon varios sectores a Lenín Moreno, presidente de la República, como alternativas “urgentes” para salir de la crisis sanitaria que vive el país como consecuencia del Covid-19.
Patricio Jijón y Andrés Páez, exlegisladores por la Izquierda Democrática (ID), advirtieron de la existencia de al menos 50 entidades públicas cuya operatividad no se justifica, y calcularon que con el presupuesto anual que se destina para su actividad, fácilmente el Estado se podría ahorrar más de USD 10 millones.
“Son instituciones que se tragan diariamente los recursos de los ecuatorianos”, añadió Páez. En el mismo sentido, su excompañero de curul afirmó que son entidades que no le han servido al Ecuador “para nada” y que “precisamente fueron heredadas de la época correísta o década robada; solo servían para el piponazgo”, expresó Jijón.
Subrayó que entes como el Instituto de Provisión de Alimentos o el Instituto de Idiomas y Saberes Ancestrales causan “risa” y hasta “indignación”. ¡Esto es una burla y una cháchara! ¿Para qué nos sirve a los ecuatorianos estos adefesios? cuestionó.
Asimismo recordó que la Corporación Nacional “Eloy Alfaro” creada durante el correísmo sirvió para administrar las instalaciones de la Asamblea Constituyente en 2008. Jijón también mencionó la creación -en esa época- del Instituto Espacial. ¿Recuerdan que en el anterior gobierno disfrazaron a un señor de astronauta para enviar un nano satélite al espacio en el que se gastaron millones de dólares y que fracasó?
Andrés Páez insinuó que un estado “obeso se mantiene con los impuestos de todos, con el sacrificio de las familias ecuatorianas y con las carencias de los más pobres. No nos pidan más esfuerzos si de mantener estas instituciones inservibles se trata”, agregó.
El CPCCS│
En la lista de las entidades que Jijón y Páez piden sean eliminadas también está el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). David Rosero, vocal de esta entidad justificó su permanencia con el argumento de que ha emprendido cientos de investigaciones que ya son parte de indagaciones en la Fiscalía, entre ellas el monto de la deuda que el Estado mantiene con China; incluso el Cpccs planteó la necesidad de suspender el pago de la deuda externa.
Rosero afirmó que para obtener más recursos que permitan superar la crisis, el régimen debería plantearle una contribución de por lo menos el 10% al sector bancario que entre 2017 al 2019 ganó más de USD 1.500 millones en utilidades.
En el proyecto de Ley de Finanzas Públicas de iniciativa de Moreno que se discute en la Asamblea solo se plantea una contribución del 5%. “Esto no se ajusta a la realidad; además este dinero es de los ecuatorianos”, afirmó. También llamó a que se obre USD 1.400 millones a empresas morosas (petroleras y telefónicas) con el Servicio de Rentas Internas (SRI). (SCC)-(I)
RELATIVA│Más entidades en lista
Otras instituciones que, los exlegisladores pidieron ser canceladas son:
- Consejo de la Información
- Función de Transparencia
- Superintendencias de Ordenamiento Territorial
- Poder del Mercado
- Economía Popular
- Instituto de Desarrollo Económica
- Corporación de Finanzas Populares
- Tribunal Contencioso Electoral
- Empresa Pública de Hábitat
- Plan Toda una Vida
- Secretarías de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares
- Secretaría de Límites Internos
- Secretaría de Derechos Humanos
- Secretaría de Planificación
- Institutos de Fomento de las Artes
- Instituto de Fomento al Talento Humano, etc.
Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, cree que es el ministerio de Trabajo quien debe evaluar la pertinencia de que estas entidades se mantengan o no, pero pidió estar atentos para que en caso de que sean liquidadas no sean absorbidas por otras entidades.
