En una misiva del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al asambleísta Mauricio Proaño, firmada por su representante Fernando Quevedo el pasado 27 de abril de 2020, se desmiente la afirmación de la entonces secretaria anticorrupción, Dora Ordoñez, donde afirmó que según datos del BID, entre 40.000 y 70.000 millones de dólares serían considerados como en perjuicio del Estado, desviados o en materia de sobreprecio.
Ordoñez declararía que según «El informe del BID se refiere a USD 40 000 millones que serían parte del incremento de precios en obras y desvíos de recursos, y USD 30 000 adicionales por ineficiencia de las obras ejecutadas». Sin embargo, desde el BID, se asegura que ese informe de análisis de gasto fiscal en América Latina y el Caribe titulado “Mejor Gasto para Mejores Vidas”, no hace referencia en ninguna parte lo señalado por Ordoñez.
