El Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) ha recuperado su capacidad operativa una vez que concluyeron los trabajos de construcción y reparación de la nueva variante de 1,75 kilómetros, en el sector de San Rafael, límite provincial entre Sucumbíos y Napo, situadas en la Amazonía.
Las tuberías del SOTE, Poliducto Shushufindi-Quito y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), se vieron afectadas el pasado 7 de abril, tras producirse un socavón de 70 metros, aproximadamente en las riberas del río Coca.
El gerente general de la empresa pública Petroecuador, Pablo Flores, indicó que en los trabajos «participaron 120 técnicos de la empresa pública y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, quienes cumplieron arduas jornadas de trabajo en condiciones difíciles, debido a la presencia de constantes lluvias y de una topografía complicada».
Para la construcción de la variante se utilizaron 160 tubos de 11 metros de longitud, de 26 pulgadas. Este material lo tenía disponible Petroecuador en sus bodegas, optimizando los recursos existentes de la empresa.
Además, se realizaron todos los controles de calidad y trabajos para reforzar la integridad de la tubería, con lo cual el SOTE recupera su capacidad operativa para transportar el crudo ecuatoriano para su exportación o procesamiento, y aportar a la economía del país, indicó Petroecuador en un comunicado.
Destacó que durante las labores no se presentaron accidentes laborales y tampoco casos de contagio del coronavirus SARS-CoV-2, ya que se implementaron «altos estándares de seguridad del personal», para velar por su integridad y bienestar.
El SOTE tiene una capacidad de transporte de 360.000 barriles de crudo por día, desde la región Amazónica hasta la provincia de Esmeraldas, en la costa norte de Ecuador.
El pasado miércoles, organizaciones indígenas, religiosas y de Derechos Humanos presentaron una acción de protección con medidas cautelares a favor de unas 120.000 personas afectadas por un derrame de crudo del 7 de abril.
La medida presentada ante un juez de la Amazonía se adoptó ante «la vulneración de los derechos al agua, a la alimentación, a la salud, a vivir en un ambiente sano, a la información, al territorio de los pueblos y nacionalidades así como, a los derechos de la naturaleza», indicaron en un comunicado.
Responsabilizan de la presunta vulneración a los ministerios de Energía y Recursos Naturales no Renovables, de Ambiente, de Salud Pública, así como a Petroecuador y a OCP Ecuador.
