En medio de una falta de liquidez apremiante, Ecuador cree que la minería es su salvavidas para inyectar dinero rápido a las arcas públicas, pese a la oposición de ecologistas e indígenas que la ven como una calamidad más contra el medioambiente que arrastra, además, un alto precio «social».
El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables ecuatoriano, René Ortiz, ve ese nuevo sector de explotación del país como una de las principales fuentes de divisas a aprovechar, en particular ahora que el precio del petróleo está en decadencia en el marco de la crisis del coronavirus.
¿MEJOR QUE EL PETRÓLEO?
«La minería es el nuevo icono de exportación de Ecuador y todos estamos haciendo lo mejor para posicionarlo en el mundo«, manifestó el ministro, quien además, recordó que al tener una economía dolarizada «los ingresos de exportación y la inversión extranjera directa son indispensables».
Ortiz habló en un debate sobre el futuro de la minería, en la que los representantes de las multinacionales aseguraron que el efecto positivo de la minería es mucho mayor que en la industria del petróleo.
«Se espera que solo la construcción de la mina de SolGold en el proyecto Alpala genere alrededor de 3.500 puestos de trabajo directos«, señala un boletín de los organizadores del foro virtual «El papel de la minería en la reactivación económica de Ecuador», organizado por The Business Year.
Nick Mather, de esa empresa australiana que opera el proyecto «Cascabel», en la provincia de Imbabura, insistió que estos proyectos generan «más empleo» que el petróleo, que Ecuador explota desde hace medio siglo y del que ha desarrollado una insoportable dependencia.
«Ecuador es uno de los países más megadiversos del mundo y el extractivismo amenaza también las fuentes de agua de las comunidades que viven a su alrededor, principalmente indígenas».
Ecuador, que produce en torno a los 534.000 barriles diarios, calculó para 2020 un precio ligeramente por encima de los 50 dólares el barril, y la estimación de que estará a menos de la mitad, asfixia sus finanzas.
Mientras que Lundin Gold, concesionaria del proyecto «Fruta del Norte», en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, recordó recientemente su contribución anual de 1,9 millones al cantón Yantzaza como parte de los réditos sociales del proyecto.
UNA NUEVA INDUSTRIA
Ecuador empezó la minería industrial con la inauguración en 2019 del proyecto «Mirador», en Zamora Chinchipe, aunque ya tiene otros de oro, plata o cobre en las provincias de Azuay, Imbabura, Morona Santiago, Cotopaxi, El Oro y Bolívar.
En el primer trimestre del año, la explotación de minas y canteras, así como la fabricación de otros productos minerales no metálicos, supusieron 99,22 millones de dólares en recaudación fiscal.
En 2019, la minería aportó un 1,64 % al PIB y la previsión para 2020 es que llegue a 1,93 %, según el Banco Central (BCE).
Los efectos producidos en la comunidad donde está ubicado el proyecto «Mirador» son de «descomposición social y división de las comunidades por las dádivas de las empresas mineras». Andrés Tapia, representante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana.
La intención original del Gobierno de Lenín Moreno era un 4 % al terminar su gestión en 2021, objetivo a estas alturas casi inalcanzable.
Pero ni esos ingresos estatales cuando el país afronta una deuda de unos 60.000 millones de dólares, ni las contribuciones locales a las comunidades, convencen a los grupos ecologistas e indígenas de las supuestas bonanzas de la minería.
MINERÍA EN MEDIO DE LA PANDEMIA
Ivone Ramos, representante de Acción Ecológica, dijo a Efe que estos proyectos están ubicados en zonas de alta biodiversidad y que ello «podría ocasionar la destrucción de los ecosistemas y que muchas especies desaparezcan».
Ecuador es uno de los países más megadiversos del mundo, y el extractivismo amenaza también las fuentes de agua de las comunidades que viven a su alrededor, principalmente indígenas.
A principios de abril, la rotura de un oleoducto en zona sísmica de la Amazonía contaminó decenas de kilómetros de río, afectando a casi cien mil personas.
Además, activistas internacionales y locales aseguran que estos trabajos han sido brote de contagios del COVID-19 entre las nacionalidades y pueblos indígenas, algunos de apenas unos cientos de miembros.
La circulación de mineros en medio de la emergencia sanitaria desde varias provincias, advirtió Ramos, es «irresponsable de parte del Estado», y más aún que «esté planeando el lanzamiento masivo de la actividad minera como una solución a la problemática económica».
EL PRECIO SOCIAL
Más enérgico es el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, para quien los contratos con las multinacionales «no cumplen con los parámetros de concesión», como «la consulta previa y la socialización con las comunidades».
«Los grandes beneficiarios son las empresas, no el pueblo», se lamentó Vargas, quien asegura que «ni el petróleo ni la minería nos van a salvar de esta pandemia«.
El coronavirus encontró a Ecuador en una muy debilitada situación financiera por la deuda arrastrada del anterior Gobierno y los gastos directos de la pandemia y la casi completa paralización económica desde el 16 de marzo (Ecuador perderá alrededor del 6,3 % de PIB, según el FMI) han llevado al país a pedir más crédito para superar lo que de otra forma sería una bancarrota.
La minería se concibe pues como una forma rápida de inyectar liquidez mediante el pago adelantado de derechos de explotación, aunque para las comunidades indígenas supone un precio demasiado alto: medioambiental y social.
Los efectos producidos en la comunidad donde está ubicado el proyecto «Mirador» son de «descomposición social y división de las comunidades por las dádivas de las empresas mineras», recordó Andrés Tapia, representante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae). EFE
