EDITORIAL|
Toda forma de aprovechamiento de recursos públicos para fines personales es repudiable. La corrupción en este campo, aparte de las implicaciones penales como delito, es una muestra de anti-civismo. Los bienes y dineros públicos tienen un propósito: mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, de manera especial de aquellos que, por múltiples razones, están en niveles de pobreza. Robar al Estado no implica causar daño a ciudadanos o empresas particulares con fines de lucro, es perjudicar a todos los ciudadanos y, de manera especial, a los más necesitados, peor aún en áreas en las que el servicio público se proyecta de manera preferente a esto sectores. Todo robo debe ser castigado, pero creemos que con más rigor los del sector público.
El sobreprecio es una desvergonzada manera de poner en práctica este robo. En estos días se han presentado denuncias relacionadas con esta práctica a centros de salud, comenzando con el IESS, en los procesos de adquisición de medicamentos e insumos médicos destinados a hacer frente a la pandemia que afecta a un alto porcentaje de los países del mundo y que en el nuestro tiene condiciones fuertes. La fiscal general ha iniciado las investigaciones calificando de miserables a los que se aprovechan de esta situación para practicar la corrupción.
Las denuncias son alarmantes y si se comprueban, las sanciones deben ser drásticas. La solidaridad debe ser una actitud permanente en la vida ciudadana y lo normal es que se intensifique cuando tienen lugar crisis. Todos podemos dar algo en bienes o servicios. No faltan delincuentes que, en situaciones como éstas, intensifican sus bajos propósitos y aprovechan para engordar sus bolsillos. Las denuncias no hacen referencia a raterías, sino a cifras millonarias que hacen daño a los afectados por este nuevo virus. Esperamos que las investigaciones sean claras, rápidas que por ningún concepto se mantenga la impunidad.
Send an email 