Este sábado, justo el día en que vence el plazo para que la Asamblea apruebe o niegue el texto de la Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, los legisladores se reunirán para reconsiderar las votaciones que la noche de este viernes no alcanzaron los votos para aprobar la norma, pero tampoco para archivarla.
“Es nuestra responsabilidad impedir que entre por el ministerio de la ley, mañana nos reuniremos para analizarla”, dijo César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, antes de suspender la sesión y convocarla para el sábado a las 10h00.
Es que la votación para la aprobación de la norma se quedó con 67 votos, le faltaron apenas 3 para alcanzar los 70 necesarios. Mientras que los pedidos de archivo remitidos por los asambleístas Pabel Muñoz (Revolución Ciudadana), César Rohón (Partido Social Cristiano) y Raúl Tello (Bancada de Integración Nacional) fueron unificados, pero solo obtuvieron 69 votos, tampoco fue aprobada esta opción para archivar la norma.
Si la Asamblea no logra pronunciarse mañana, que vence el plazo que les otorga la ley, que les da 30 días para tratar los proyectos enviados por el Ejecutivo con carácter de económico urgente, le norma pasará por el ministerio de la ley y se aprobará el texto inicialmente enviado por el presidente Lenín Moreno.
El rechazo de los legisladores a esta norma se basaba en la oposición a su artículo 2, en el que se considera a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS) y a los organismos de la seguridad social, es decir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), como parte de las instituciones públicas bajo el control del Ministerio de Finanzas, lo cual, para los legisladores, vulnera su autonomía, sobre todo económica.
Sin embargo, la normativa también establece la independencia del Banco Central, con lo que se impediría que sus fondos sean empleados para dar liquidez a los gobiernos de turno, lo cual es un compromiso adquirido en el acuerdo que el país firmó hace un año con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
