OPINIÓN|
La pandemia del coronavirus que afecta al mundo no sólo es un gran problema sanitario, sino que tiene implicaciones económicas, sociales e incluso políticas. En este último caso la forma de manejar la crisis sanitaria, por parte de los Gobiernos, puede afectar la credibilidad y, por ende, la legitimidad social de los mismos.
En el caso de Ecuador es evidente que, más allá de los esfuerzos que se han hecho, el manejo de la emergencia sanitaria decretada para enfrentar la pandemia ha tenido varios errores, y ha terminado envuelto en una epidemia de casos de corrupción en diversas instituciones que conforman el sistema de salud público.
La falta de recursos económicos para atender la emergencia, denunciada en su momento por la exministra de salud; la insuficiencia de insumos médicos, de equipos de bioseguridad y de respiradores en varios hospitales públicos que fuera denunciada, también en su momento, por médicos y trabajadores de estas casas de salud; la gestión irresponsable de la cantidad de fallecidos, que se dio sobre todo en Guayas; el manejo comunicacional errático, con cifras confusas y contradictorias respecto a la cantidad de contagiados; etc, han constituido hechos que han generado cuestionamientos por parte de diversos sectores de la opinión pública y han socavado, aún más, la aprobación del Gobierno.
En ese contexto, hace ya cuatro semanas el régimen anunció la vigencia de una “semaforización, para la flexibilización del confinamiento y el reinicio paulatino de las actividades productivas, decretando empero que todo el país empezaba en rojo. Dos semanas después anunció de que se pasaba a una fase de distanciamiento. Luego este anuncio quedó en nada cuando, “sorpresivamente”, resolvió pasar la decisión del cambio de “semáforo” a los COE cantonales. Una decisión que se tomaría para evitar un mayor desgaste político y pasar esta “papa caliente” a los Alcaldes.
Sin embargo, luego de un confinamiento de dos meses y cuando las urgencias económicas de amplios sectores de la población se vuelven dramáticas, en la práctica en muchos aspectos la gente ya abandonó el “semáforo” rojo; aunque la formalización del paso a otro color espera todavía la decisión (o el cálculo político en algunos casos) de los Alcaldes. (O)
