EDITORIAL|
Uno de los aciertos del actual gobierno fue la designación al Consejo de Participación Ciudadana de Julio César Trujillo, quien dio cátedra de seriedad y honestidad en las decisiones que tomó. No cabe olvidar que él consideró que esa institución no tenía razón de ser y que realizaría una campaña nacional para su desaparición mediante consulta popular. Su fallecimiento truncó este propósito. No cabe olvidar que durante la anterior administración fue uno de los más sólidos opositores al primer mandatario quién le hostilizó con su agresividad verbal que fue una de sus características de su década. Se demostró que el nuevo gobierno, para combatir en serio la corrupción, recurrió a un opositor del anterior.
Una de las acciones que se tomó fue el saneamiento del poder judicial que se había convertido en un grotesco instrumento del correato mediante jueces “obedientes” que pusieron en tela de juicio la independencia de la justicia. Una de las decisiones positivas de Trujillo fue la designación de la actual fiscal general del Estado que ha dado muestras de entereza y seriedad en las gestiones realizadas. En las más elevadas instancias del poder judicial sus personeros, calificados como notables juristas, han limpiado la imagen de complacencia ante amenazas y desplantes de otros poderes del Estado.
La corrupción se combate con seriedad si es que hay un poder judicial serio e independiente. Instituciones no estatales como comisiones anticorrupción contribuyen a esta ardua tarea mediante investigaciones y denuncias sin que tengan capacidad de tomar decisiones para juzgamientos. El actual gobierno ha creado, como parte de la presidencia, una secretaría anticorrupción que, al ser parte del poder ejecutivo, puede interferir con las investigaciones de la fiscalía como ha manifestado la actual fiscal general. Estamos de acuerdo en que se trata de una secretaría innecesaria que puede atentar contra la independencia de poderes y que debe eliminarse como varias otras plagas burocráticas.
