EDITORIAL|
El presidente de la República anunció ayer un conjunto de nuevas medidas para enfrentar la crisis derivada de la pandemia del coronavirus y de factores conexos como la baja de precios del petróleo y en general la reducción de ingresos. Entre esas medidas, destacan la aplicación de un nuevo sistema de precios de los combustibles, una reducción importante del tamaño del estado al suprimir varias dependencias públicas. El proceso de liquidación de la estatal Tame es un buen ejemplo de acabar con empresas que durante los últimos años solamente significaron cuantiosas pérdidas para el país.
Las medidas anunciadas van también por el camino de la reducción del gasto en el sector público en un monto que se estima preliminarmente en alrededor de cuatro mil millones de dólares. Para ello se aplicará una baja en la masa salarial de novecientos millones de dólares con la reducción de la jornada laboral a seis horas y la consecuente disminución de los sueldos. Al respecto hay que agregar que la propuesta inicial de una contribución del sector público y privado no fue aprobada en la Asamblea. El retorno de diez embajadores en funciones que no eran importantes, el cierre de cinco embajadas y consulados creados en el correísmo para dar puestos a una burocracia dorada y la supresión de numerosos puestos diplomáticos es también un buen anuncio.
Hasta ahora la mayor parte del sacrificio para salir de la crisis había sido exigido al sector privado mientras el Estado se mantenía con todos sus privilegios como si nada pasara. Estas nuevas medidas corrigen en buena parte la distorsión. Habrá que esperar a que el Presidente como colegislador que es haga conocer su decisión en torno a las leyes aprobadas el fin de semana por la Asamblea. Y, para tener una visión completa habrá que esperar también la resolución de la Corte Constitucional sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas por los gremios de trabajadores sobre las nuevas normas laborales.
