Zahid Hasnain, especialista superior en el sector público, bajo datos del Banco Mundial, hace un análisis sobre si las reducciones del salario al sector público ayudan a financiar la emergencia sanitaria. Si es o no una buena decisión.
Ante la afección que sufren los distintos países a nivel mundial por el coronavirus, varios de los gobiernos se han visto empujados y obligados a adoptar medidas financieras de emergencia para enfrentar la pandemia.
Sin embargo, surge la incógnita en los debates políticos de si, y en qué circunstancias, reducir los sueldos del sector público (que representan alrededor del 8 % del PIB y el 30 % de los gastos gubernamentales a nivel mundial) ayudan a financiar en parte a una respuesta de emergencia. ¿Es esto una buena idea? ¿Y cuándo?
Hasnain indica que los trabajadores públicos son un grupo privilegiado, tienen protecciones laborales, y «en promedio reciben salarios un 20 % superiores a los que ganan sus pares en el sector privado».
«Resulta tentador para los encargados de formular las políticas y el público en general pensar que los trabajadores públicos tienen que sacrificarse por el bien común«, señala el especialista.
Fundamentar decisiones│
En este contexto, Hasnain presenta algunas consideraciones para fundamentar las decisiones de algunos países. Si bien cada país tiene sus propias circunstancias, que determinan políticas apropiadas de respuestas, las siguientes consideraciones podrían fundamentar esas decisiones.
1. El Banco Mundial da un promedio de que en el mundo los empleados del sector público representan alrededor del “15 % del total de trabajadores y el 30 % de los trabajadores asalariados”.
Al tener en cuenta estos porcentajes Hasnain sugiere que cualquier recorte en los empleos o los salarios de una parte tan grande de la fuerza laboral podría tener un impacto característico en los medios de subsistencia, dependiendo del contexto del país.
Además el salario del sector público otorgado a las mujeres y los trabajadores menos cualificados está sesgada; por tanto, los recortes salariales de forma generalizada tendrán repercusiones desproporcionadas en grupos que necesitan mayor protección, enfatizó.
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2. Aproximadamente el 30 % de los trabajadores públicos corresponde a profesores y el 12 % a personal sanitario en 10 países de América Latina, según datos preliminares del Banco Mundial.
En la misma región, la mitad de los médicos trabaja en el sector público, a ello se debe considerar a ingenieros, policías, funcionarios de bienestar y fiscales, trabajadores de las empresas de servicios públicos y trabajadores agrícolas a quienes se debería entregar una remuneración adicional y no recortar su salario, con el fin de que sigan laborando horas extras y proporcionen los servicios que se necesitan durante la emergencia.
Zahid advierte que cuando los países enfrentan una carencia crítica de personal muchos gobiernos no cuentan con sistemas de datos y tecnología para la flexibilidad en las reglas de recursos humanos o la coordinación para redistribuir su personal en un periodo breve.
Esta situación exige tener una estrategia de “no causar perjuicios” en el corto plazo, con el objetivo de crear capacidad institucional para responder a tales emergencias a mediano y largo plazo.
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