El exministro de Salud de Bolivia Marcelo Navajas ingresó este lunes en prisión preventiva junto a otros tres investigados por un caso de supuesta corrupción en la compra con sobreprecio en España de respiradores para pacientes con COVID-19.
Canales de televisión locales mostraron el momento de la llegada de Navajas, de 62 años, y los otros tres procesados hacia el final de la tarde hora local a la cárcel de San Pedro en La Paz, donde el exministro deberá cumplir tres meses de detención preventiva.
También están detenidos preventivamente, aunque por seis meses, el exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud Fernando V., el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Geovanni P. y el conocido en este proceso como «testigo clave» Luis Fernando H.
Los cuatro cumplirán catorce días en cuarentena en una zona aislada del resto de la población carcelaria, por precaución ante la pandemia de COVID-19.
La abogada del exministro, Rosario Canedo, informó a los medios que ha presentado un memorial a la Fiscalía para que se haga una valoración médica a su cliente y reiteró su preocupación por el riesgo que supondría tenerle en prisión por la enfermedad crónica del corazón que padece.
El caso se refiere a una compra con supuesto sobreprecio, en al menos el triple de su valor, de 170 respiradores a una empresa en España destinados a hospitales de Bolivia para pacientes críticos con coronavirus, aunque en el país colectivos médicos alertan de que solo valen para emergencias y no para terapia intensiva.
El contrato es cuestionado por el costo pagado, algo más de 27.000 dólares por respirador, tras haberse firmado en un tiempo récord de cuatro días pese a las advertencias de varios funcionarios de posibles irregularidades, como la intervención del exministro sin que fuera preceptiva.
La Cancillería boliviana ha llamado al cónsul del país en la ciudad española de Barcelona, David Alberto Pareja, para que informe si intervino en la compra, que está financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con unos cinco millones de dólares.
Bolivia ya pagó cerca de 2,2 millones de dólares y el Gobierno interino del país asegura que no pagará más a la empresa intermediaria contratada en España, IME Consulting.
Además del proceso judicial, la Asamblea Legislativa de Bolivia, controlada por el partido del expresidente Evo Morales, aprobó en esta jornada la creación de una comisión de senadores y diputados para investigar el caso.
