OPINIÓN|
El país ha transitado de la crisis, a la recesión y ahora a la depresión de la economía. Nunca en la historia se ha vivido una situación tan trágica producto de un acumulado de corrupción, despilfarro y desatino económico a lo que se suma la pandemia.
El gobierno no ha distribuido equitativa y proporcionalmente las consecuencias o cargas económicas y sociales. Se han dictado varias leyes, unas que han lesionado derechos de servidores públicos y trabajadores, y otras que beneficiaron a banqueros y grandes grupos empresariales con la condonación de intereses, multas y recargos por deudas al fisco.
El gobierno nacional retiró de la mal llamada Ley Humanitaria por el COVID 19 las contribuciones económicas de los empresarios y de los empleados y trabajadores (dependientes y autónomos), pero luego disminuye inconstitucional e ilegalmente los sueldos de los servidores públicos a través de la disminución de la jornada de trabajo y mal utilizando su potestad reglamentaria.
La intangibilidad de los derechos en vez de ser para los trabajadores es instrumentada en favor de los grandes grupos económicos que se han vuelto intocables, y a pesar de ello, con todo el cinismo y la voracidad el comité empresarial exige más prebendas. Y ya se verá cómo y a quiénes se canaliza y beneficia el escaso fondo económico para la reactivación económica resultado de créditos internacionales.
Así no puede administrarse una tragedia que demanda enorme sensibilidad para con los más débiles, que, dicho sea de paso, y quedará para la historia, finalmente fueron quienes se resignaron a aportar con una cuota de su sueldo, salario o ingreso a pesar de que su contribución llegaba al 70 % de lo que se iba a recaudar, en tanto que de los grandes empresarios al 30 %, tal y como resultaba de la formulación original del proyecto de Ley Humanitaria.
Las presiones de los grandes empresarios han empujado a un gobierno débil a administrar con total injusticia social la monstruosa crisis económica y sanitaria, por lo que el resentimiento y la reacción social es profunda, una bofetada en medio del hambre y la desesperación de los hogares. El gobierno y los sectores empresariales deben rectificar y pensar en todas las consecuencias de este trato inequitativo de la crisis. (O)
