Mientras Ecuador en los últimos días vive un proceso paulatino de flexibilización de las medidas de restricción, decretadas en la emergencia frente al coronavirus, la corrupción está en un proceso acelerado de profundización, cuyos últimos casos son los presuntos sobreprecios en la adquisición de pruebas covid y mascarillas en la Municipalidad de Quito y la Prefectura del Guayas, y que son investigados por la Fiscalía.
Si bien para combatir el virus del covid -19 el Gobierno decretó el “estado de emergencia sanitaria”, para enfrentar el virus de la corrupción en las esferas del Estado sería urgente declarar una especie de “emergencia ética”; una declaración que obviamente no la puede hacer el Gobierno actual, debido a que también padece de los síntomas de este virus que afecta a la salud moral del país, sino aquellas fuerzas organizadas de la sociedad que, en una acción mancomunada, persistan en su objetivo de lograr una sociedad con menos inequidad social, más solidaridad y honestidad.
Si el coronavirus es una amenaza para la salud física de las personas, que se se puede enfrentar con procedimientos de bioseguridad, con el desarrollo de anticuerpos y, quizás más adelante, con una vacuna; el virus de la corrupción pública se podría enfrentar con protocolos estrictos de “POLIETICA” (un política basada en la ética) y “JUSTIETICA” (una justicia ética, eficaz e independiente); con el desarrollo de anticuerpos en el organismo social, a partir de que cada uno de los miembros del pueblo tenga una presencia activa y permanente en defensa de lo que es suyo (de lo público); y, con una vacuna que transforme los patrones ideológicos del comportamiento social, particularmente el individualismo y la codicia, que estimulan a las personas a tratar de enriquecerse e manera ilícita.
Por otro lado, hay que entender que la corrupción, que también se da en los ámbitos de la vida privada, no sólo tiene que ver la realización de actos ilegales, sino también con actuaciones antiéticas. Es, también, de esta forma de corrupción que está plagada la práctica política. Así, por ejemplo, no es ilegal, pero si es antiético que el Gobierno haya dado cargos diplomáticos a familiares de algunos de sus altos funcionarios y de asambleístas gobiernistas. (O)
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