EDITORIAL|
Nuevamente el gobierno dejó de pagar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante lo que va del presente año. La deuda sube a algo más ochocientos millones de dólares que corresponden al aporte del cuarenta por ciento que debe hacer al fondo de pensiones. Este incumplimiento de las disposiciones viene a sumarse a los egresos mayores que el IESS ha debido hacer con motivo de la pandemia. Si a ello se agrega que los aportes disminuirán con el despido de miles de trabajadores que dejaran de aportar a la seguridad social, la situación del IESS vuelve a ser mala noticia para el futuro de los afiliados que ven como la institución va de tumbo en tumbo.
El golpe más duro fue el que le asestó el anterior gobierno al dejar de pagar el cuarenta por ciento que debia aportar al IESS. Esa suspensión de pagos entre el año 2015 y el 2018 fue demoledora para las finanzas del Instituto. La decisión fue declarada inconstitucional, pero el mal ya había sido hecho. La ausencia total de fiscalización en el poder legislativo, la sumisión al ejecutivo por parte de las administraciones del IESS y la presencia en funciones directivas de gente que desconocía totalmente el tema, generaron una debacle total. Varios exdirectivos hoy están fugados unos y, presos otros. Pero el daño pasa factura y es irreversible.
La deuda actual se vuelve más complicada si se considera que la situación del fisco será más dura aún en el futuro. La ausencia total de independencia del IESS respecto a los gobiernos de turno sigue siendo un lastre pesado que incide en las malas administraciones. La falta de autonomía de esos directivos y su desconocimiento de la seguridad social hacen que defiendan, no los intereses de los asegurados y de la institución, sino los intereses del gobernante que los nombró. Si a todo ello se suma la cadena de corrupción comprobada en compras de medicamentos y contratos para construcciones de hospitales, tenemos un panorama trágico.
