El abogado del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, en arresto domiciliario por un presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego en el marco de pesquisas anticorrupción, consideró este viernes que su defendido es objeto de una «persecución política».
En una rueda de prensa el letrado, Fernando Rosero, lamentó que al inicio del proceso, «la Fiscalía ya ha determinado que es culpable, ya hay que sancionarlo, meterlo preso y que sea privado de su libertad«.
A Bucaram lo detuvieron a primera hora del miércoles en su residencia en Guayaquil (suroeste), en el marco de una amplia redada ordenada por la Fiscalía General del Estado en esa ciudad y en Quito, en medio de las investigaciones por presunta corrupción en la compra de productos médicos durante la pandemia del coronavirus.
«Es lamentable, señores, que hasta el momento no se haya inaugurado aquí en el país la justicia y se siga manipulando a jueces y a fiscales», expresó el abogado y aseguró que la fiscal general, Diana Salazar, «seguramente» esté siendo «presionada desde arriba».
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Sobre otro delito que la Fiscalía General investiga imputarle, el de peculado (malversaión de fondos públicos) según adelantaron las autoridades fiscales, Rosero aclaró que sería improcedente puesto que Bucaram no es un servidor público.
En el allanamiento en el domicilio del expresidente, de 68 años, agentes judiciales y policiales encontraron un arma de fuego para la que no tenía licencia, lo que motivó su aprehensión.
Un juez ecuatoriano emitió el jueves medidas alternativas a la prisión preventiva para Bucaram, que cumple arresto domiciliario al haber sido procesado por el órgano fiscal por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego.
Al respecto, su defensor manifestó este viernes que la figura por la que se le investiga es el «tráfico internacional de armas, químicas, biológicas y nucleares«.
Rosero indicó que el arma en cuestión era un regalo que le hicieron a su defendido hace varios años.
En el registro efectuado en la vivienda del exmandatario se encontraron 5.000 mascarillas, 2.000 pruebas y otros materiales sanitarios que, según explicó el miércoles fiscal Salazar, coinciden con insumos sanitarios que fueron encontrados en el hospital del IESS en el contexto de una trama de corrupción que es investigada.
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El operativo anticorrupción en el país se saldó el miércoles con 17 detenidos y 37 allanamientos en dos provincias y la detención de una autoridad provincial y de un exgerente del hospital mencionado.
Otra vivienda allanada en las redadas fue la del exasambleísta Dalo Bucaram, hijo del expresidente, que consideró «un atropello total de derechos» la intervención.
Bucaram gobernó Ecuador seis meses entre agosto de 1996 y febrero de 1997, cuando fue destituido por el Congreso ecuatoriano por «incapacidad mental para gobernar«.
Tras ello, también fue prófugo de la justicia ecuatoriana durante 20 años, exiliado en Panamá, hasta que los juicios en los cuales se le acusaba prescribieron. EFE
