EDITORIAL|
La Fiscalía General del Estado informó a inicios de la presente semana la creación de una fuerza de tarea multidisciplinaria para combatir actos de corrupción durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. La Fiscal Diana Salazar indicó que la conformación de la fuerza responde a los “casos de corrupción denunciados en el contexto de la emergencia sanitaria que enfrenta el país”, y que estará coordinada y dirigida personalmente por ella. Se trata de un nuevo intento de lograr resultados- escasos hasta ahora-en la lucha contra la corrupción.
El país mira asombrado cómo en la lucha contra la pandemia del coronavirus, hay numerosas autoridades y funcionarios públicos que han aprovechado de esa circunstancia para criminalmente hacer negociados con la adquisición de insumos y medicamentos. Si todo robo y acto de corrupción es malo, cuando se trata del campo de la salud, es un crimen social que debe merecer las mayores penas posibles. Hay miles de ciudadanos que sufren y mueren, por deficiencias en el sistema público de salud, deficiencias que vienen sobre todo de la falta de recursos económicos durante los últimos años. El robo- porque de eso se trata-de fondos destinados a la salud es simplemente repugnante.
Son numerosos los casos denunciados y que están siendo investigados. Primero las denuncias tocaron al IESS y hoy existen ya exfuncionarios detenidos y procesados. Luego se denunciaron casos en varios gobiernos locales. El Municipio de Quito, la Prefectura del Guayas y otros organismos presentan casos millonarios de corrupción en la adquisición de insumos destinados a combatir el coronavirus. El país no puede tolerar ese crimen social. Las autoridades que por acción u omisión permitieron esos robos y las empresas o personas que participaron deben ser castigados con todo el peso de la ley. Bien por las acciones de la Fiscal General, que es una respuesta a un clamor nacional.
