EDITORIAL|
Durante la presente semana continuaron los escándalos diarios por nuevos hechos de corrupción -esta vez-en algunos gobiernos locales, como la Prefectura del Guayas y el Municipio de Quito. En todos los casos se trata de negociados con insumos médicos o materiales para protección de la pandemia. Y, una vez más, las máximas autoridades alegan en su defensa que no conocían absolutamente nada sobre esos hechos. Dos preguntas, cuando menos, saltan en seguida. Cómo es posible que alcaldes y prefectos ignoren el desarrollo de grandes inversiones con fondos institucionales. Y, segundo, qué pasa con los sistemas internos de control que existen en esos gobiernos locales.
En casi todos los casos que están siendo investigados, uno de los denominadores comunes es el desconocimiento total que esas autoridades locales cuestionadas manifiestan tener en torno a las inversiones y a los procesos que se cumplen en sus instituciones. No conocía nada al respecto, es la respuesta de moda entre esas autoridades. Y, se trata de una posición que no puede ser tolerada. Si bien un Alcalde o un Prefecto, no puede estar en el día a día de esos trámites y procesos, tiene funcionarios de su confianza que si lo están. Y si esos funcionarios fallaron no se trata solamente de una traición sino de una grave equivocación de las autoridades que confiaron en gente a la que se supone conocían a fondo como para encargarles el manejo de recursos públicos.
Pero, además, la ciudadanía se pregunta qué pasa con los sistemas de control interno de esas dependencias. Existen auditores internos y numerosos burócratas que se supone están para vigilar que los procesos se desarrollen correctamente. Pero lo cierto a la final es que esas formas de corrupción no son detectadas internamente sino surgen a la luz pública por denuncias de los medios de comunicación y en estos últimos días por acción de la Fiscalía General del Estado.
