Pronunciamiento Oficial de Protección de Derechos:
A lo largo del confinamiento este Consejo de Protección de Derechos ha recibido varias consultas sobre violencia digital y delitos relacionados con violencia sexual digital en contra de niñas, niños y adolescentes, incluso dentro de sus espacios educativos virtuales.
Hoy que la pandemia ha modificado la forma de estudio y relacionamiento de niñas, niños y adolescentes, quienes se han visto abocados a utilizar de manera constante -y muchas veces sin supervisión adulta ni límites- dispositivos electrónicos a fin de hacer efectivo su derecho a la educación pero también a la recreación y el esparcimiento, es imprescindible encontrar formas para garantizar su protección especial y reforzada en el mundo digital.
La Fiscalía General del Estado ha contabilizado 106 delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, en cuya lista se encuentran el contacto con finalidad sexual por medios electrónicos, la pornografía infantil y su comercialización, la corrupción de menores de edad, entre otros. A su vez, la Policía Nacional refiere que los delitos cibernéticos van en aumento de manera exponencial durante el confinamiento y, aunque no desagrega datos, da una cifra alarmante: 7.500 delitos digitales en lo que va de la pandemia. [
No queda duda que el confinamiento ha disparado en nuestro país y en el resto del mundo el intercambio de material pedófilo y pornográfico. El riesgo de ser víctimas de violencia digital, en el marco del cierre de las escuelas y el aislamiento social, se ha incrementado, en especial en lo relacionado a la violencia sexual en línea, donde las niñas y adolescentes, sobre todo pertenecientes a grupos minoritarios, son quienes más de sufren estos flagelos.
Al respecto la CIDH ha solicitado a “los Estados tomar medidas inmediatas para enseñar en particular a las niñas y adolescentes a utilizar esas tecnologías de forma segura entendiendo sus derechos frente a cualquier acto de violencia y discriminación y conociendo los múltiples riesgos existentes en línea”. [2]
Un dispositivo electrónico en manos pequeñas, tanto como un martillo o una sierra, no son seguros, por lo que entregar un medio telemático a un niño, niña o adolescente sin haber definido anticipadamente criterios y términos de uso que puedan guiarlo y cuidarlo en el ciberespacio, es un acto de desprotección.
El uso y buen manejo de los dispositivos electrónicos son, finalmente, una responsabilidad adulta. Todo hecho violento que ocurra en contra de un menor de edad en el mundo digital -y sus posteriores consecuencias- deberán ser afrontadas por los adultos que de una u otra forma intervienen en su proceso de formación.
Es por ello que hacemos un llamado al Ministerio de Educación para que cree un entorno educativo virtual de protección durante la pandemia y después de ésta, poniendo especial énfasis en su “Plan de Desarrollo Educativo en el Marco de la Emergencia Sanitaria Covid–19” a la prevención y a la atención de la violencia y discriminación a la que están expuestas niñas, niños y adolescentes en dicho entorno; destinando recursos suficientes a fin de instruir a los alumnos y alumnas, padres, madres, docentes y autoridades educativas sobre la violencia digital en todas sus formas y manifestaciones, así como en el daño físico, moral y psicológico que puede causar.
Resulta urgente diseñar en articulación con la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional un protocolo de atención y actuación que facilite la denuncia de la violencia en línea. Al tiempo de asegurar que las fuerzas policiales estén entrenadas en técnicas de investigación digital y cuenten con los recursos adecuados para garantizar que todas las formas de violencia digital se reconozcan, registren y obtengan una respuesta ágil y eficiente.
Ante los retos que trae consigo esta contingencia pedimos, también, a la comunidad en general estar pendientes de los riesgos que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en el ciberespacio a fin de aunar esfuerzos para aminorarlos y, de ser posible, erradicarlos.
Señalamos que es una negligencia -como adultos- restarnos de nuestro rol de guía, acompañamiento y cuidado a las niñas, niños y adolescentes en todos los espacios en los que se desenvuelven, incluido el ciberespacio. Y si bien su protección especial y reforzada es tarea prioritaria del Estado, nuestro compromiso como adultos responsables nos obliga a garantizar que se desenvuelvan en ambientes sanos, seguros, libres de violencia y con igualdad de oportunidades. Sólo así podremos asegurar que estén a salvo en casa.
